Opinión

Candidaturas independientes / II

Sólo 28 por ciento de los mexicanos confía en los llamados candidatos independientes contra 38 por ciento que no confía. Sólo 30 por ciento piensa que harían mejor trabajo que los candidatos de partidos, mientras 34 por ciento piensa que lo harían peor. Como consecuencia de esta duda o escepticismo sobre la figura de los candidatos independientes o ciudadanos, el 51 por ciento de los mexicanos no votaría por uno a la Presidencia de la República —42 por ciento sí lo haría— y 49 por ciento no lo haría por uno que quiera ser alcalde.

Estas cifras fueron publicadas la semana pasada en la sección Central Política aquí en EL FINANCIERO y provienen de una encuesta en vivienda realizada por Parametría. Los datos revelan que aunque los votantes estén “hartos” de los partidos, no piensan que las candidaturas sin partido sean la solución a los problemas del mal gobierno.

Según Latinobarómetro, los partidos no gozan de mucho prestigio en América Latina: sólo 24 por ciento confía en ellos. Estos mismos datos muestran que en México 45 por ciento de los encuestados considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, lo que hace de México el país con mayor porcentaje que creen innecesarias a estas instituciones para sostener un sistema democrático.

Con base en esos datos, se ha construido una fantasía de “lo ciudadano” como solución a los problemas de “lo político”: que los candidatos sin partido son pulcros, honestos y bien intencionados; mientras los políticos de los partidos —habitantes de otro planeta— son corruptos y malsanos por naturaleza. Bajo esa visión, la solución a nuestros problemas sería simple y llanamente que los ciudadanos nos gobiernen y los políticos profesionales se vayan a sus casas —una solución que me recuerda aquel simplismo, que todavía se repite, de que sacar al PRI de Los Pinos traería integridad y prosperidad a México de forma instantánea.

Pero esta retórica “ciudadana” no tiene eco en la población abierta, como lo muestran las cifras de Central Política y Parametría. Que los partidos sean desconfiables y abusivos no significa que los gobernantes provenientes de la llamada sociedad civil se comportarán siempre de forma íntegra y eficaz una vez en el poder. Dicho de otra forma: cualquiera que aspira a un cargo político, aun sea al margen de un partido, es un político. ¿Por qué habría de comportarse de manera muy diferente? Y segundo, si los candidatos independientes carecen de experiencia porque precisamente no son políticos profesionales, ¿por qué habrían de hacer mejor las cosas que los políticos de tiempo completo?

Estoy a favor de los candidatos sin partido: son un complemento saludable del sistema actual, elevan la competencia y algunos de ellos pueden resultar buenos gobernantes. Aunque su tasa de éxito sea baja —porque tienen menos recursos para competir y porque hay desconfianza sobre su existencia. Su participación en campañas puede enriquecer enormemente el contenido del debate y obligar a los partidos a seleccionar mejor a sus candidatos.

De aquellos pocos candidatos ciudadanos que triunfen, su eficacia en las funciones de gobierno será variable. Un gobernador o un legislador sin las restricciones que impone la disciplina de un partido puede desplegar políticas más ambiciosas e innovadoras, pero su margen de fracaso también puede ser mayor, ya sea porque carece de apoyo de un partido o porque puede cometer más errores por la falta de experiencia.

Imaginemos que en 2018 ganara un candidato presidencial sin partido. ¿Cómo construirá las mayorías legislativas para sus reformas? ¿Cómo negociaría con los gobernadores? ¿Qué mecanismos de control político tendría sobre otros actores del sistema?

Para aprovechar las ventajas de las candidaturas independientes y reducir sus riesgos, debemos regularlas bien. La semana pasada escribí en este espacio cuáles eran los requisitos apropiados para regular estas candidaturas: que el número de firmas para obtener registro sea razonable para garantizar el derecho en la práctica pero evitar el oportunismo (menor a 1 por ciento del padrón electoral para la candidatura presidencial y menor a 2 por ciento para gubernaturas y puestos legislativos); que las modalidades de recolección de firmas se ajusten a la capacidad operativa y de recursos de los aspirantes que carecen de la maquinaria de un partido; que las fechas de registro dificulten que los políticos partidistas utilicen esta vía cuando sus partidos les hayan negado una candidatura; y que el financiamiento de los candidatos independientes sea mixto: una porción significativa de carácter privado y otra por medio de reembolso sólo para quienes hayan superado cierto umbral de votos.

Concluyo con un dicho popular y sarcástico: sólo hay algo peor que un político profesional —y es un político improvisado. Y para que los independientes no sean improvisados, debemos exigirles tantas cuentas como a los políticos partidistas.