Opinión

Cambio en la SEIDO

   
1
  

  

Seido

Si el presidente Enrique Peña Nieto no cambió de opinión en el último minuto o tuvo un momento de introspección, como ha sucedido y cambió de parecer, el general de brigada Alejandro Ramos Flores será nombrado jefe de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, conocida por sus siglas SEIDO. Será una señal clara para el último tercio de su administración. Militar cercano a quien fue procurador general y procurador de justicia militar, Rafael Macedo de la Concha, pasará a completar y cerrar, se espera, los múltiples asuntos que han provocado una hemorragia imparable al gobierno federal. El nombramiento, de confirmarse, causará levantones de cejas entre organizaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos, que expresarán probablemente sus reservas porque sea un militar en funciones quien esté a cargo de la investigación de casos sensibles, donde se encuentran involucrados soldados.

Se desconoce cómo surgió el nombre del general Ramos Flores para encabezar la SEIDO, pero no es ajeno a la PGR. Fue subprocurador jurídico y de asuntos internacionales durante la gestión del general retirado Rafael Macedo de la Concha en el gobierno de Vicente Fox, a quien acompañó hasta su salida de la PGR en 2005, tras lo cual trabajó en el área de procuración de justicia en grupos de trabajo con el gobierno de Estados Unidos y como vicepresidente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la OEA. En 2011 regresó al mismo cargo en la PGR, por petición de la entonces procuradora general Marisela Morales, con quien trabajó varios de los casos de presunta corrupción y vinculación con el narcotráfico de gobernadores priistas.

El regreso del general no ha sido oficializado aún, aunque ya comenzó a interiorizarse en la nueva administración del procurador Raúl Cervantes. El anuncio se programó para hacerlo una vez que pasara el domingo 20 de noviembre la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos a miembros de las Fuerzas Armadas, pero tampoco se sabe cuáles son las razones de la demora, en donde fue ascendido a general de brigada de servicio, equivalente a contralmirante en la Marina, y en el escalón previo a general de división. Según funcionarios de la PGR, no se han recibido presiones de ninguna organización o grupo de interés por la intención presidencial de nombrarlo como jefe de la SEIDO, aunque en parte obedece a lo hermético con lo que se ha manejado su designación.

De mantenerse lo planeado, Ramos Flores, quien hasta el viernes 18 de noviembre era general brigadier de justicia militar y licenciado, sustituirá a Gustavo Salas, quien llegó al cargo en septiembre de 2015 en relevo del controvertido Felipe Muñoz, con quien nunca quiso trabajar la entonces procuradora Arely Gómez. Muñoz regresó a la PGR bajo la conducción de Cervantes como subprocurador especializado en investigación de delitos federales, en una reivindicación pública tras haber sido identificado por la anterior administración en esa dependencia como uno de los principales filtradores de información confidencial que afectó algunos casos sensibles.

El relevo de Salas quedó marcado desde las primeras horas de Cervantes en el despacho de procurador. De acuerdo con funcionarios de la nueva administración en la PGR, Cervantes no quedó a gusto tras su primera reunión con Salas, quien fue de los primeros subprocuradores en hablar con él por lo delicado de los asuntos que lleva. “No fue muy claro en algunas preguntas directas que se le hicieron, y en algunas fue evasivo”, dijo un funcionario. “Desde ese momento quedó claro que sería uno de quienes serían relevados del cargo”.

La probable llegada del general Ramos Flores sería a un cargo donde han recaído la mayoría de los más de 200 casos de abusos militares en el ejercicio de tareas de seguridad pública, algunos altamente controversiales como el caso de Tlatlaya, donde soldados se vieron involucrados en una matanza de 22 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Aunque el caso está resuelto legalmente, se mantienen lagunas y sospechas entre organismos de derechos humanos que se protegió al Ejército, como lo es otro caso paradigmático, el del Batallón 27 de Infantería en Iguala, al que se señala como parte responsable en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace dos años.

El general Ramos Flores es jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y tiene una posición clara sobre la aplicación de la justicia civil en casos que involucren a militares. Al comentar el Proyecto de Dictamen en Materia de Justicia Militar en el Senado, en 2014, dijo que soslayaba la razón de ser de la justicia militar, que es la preservación de la disciplina de las Fuerzas Armadas, y que era conveniente buscar un dictamen más equilibrado entre la protección de las víctimas civiles y la protección de las disciplina militar, acotando lo estrictamente indispensable la jurisdicción militar. “Conforme se va restringiendo esa jurisdicción, también se debilita la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas, que como dijera el Constituyente de 1917, es su fuerza”, advirtió.

No parece ser el general Ramos Flores la mejor persona para encargar la SEIDO en el momento actual. Un militar confrontará una sociedad muy sensible y polarizada con la acción militar en el tema de seguridad pública. Mientras no se haga oficial, aún se puede cambiar el nombramiento. Dependerá de a quién escucha el presidente y qué quiere para el cierre de su gobierno.

Twitter: @rivapa

También te puede interesar:

2018: Videgaray y Meade
El control lo tiene Peña
Regreso al PRI… que no lo quiere