Opinión

Cambio de paradigmas para la integridad empresarial

07 noviembre 2017 5:0
 
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corrupcion

El número de noviembre 2017 de la revista Expansión dedica su portada y artículo principal a la publicación del “Ranking 500 Empresas Frente a la Corrupción (IC500)”, una iniciativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana y Expansión, que incluye una plataforma digital (http://www.integridadcorporativa500.mx/). El ranking se realizó con información de 500 empresas que operan en México, reunida entre 2016 y 2017 sobre sus políticas de integridad corporativa publicada en sus páginas de Internet y otros medios. La metodología del ranking se basa en el componente de publicidad de las políticas anticorrupción del estudio “Transparency in Corporate Reporting (TRAC)” de Transparencia Internacional (http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2014_transparencyincorporatereporti?e=2496456/9997410). El ranking IC500 califica a las 500 empresas más importantes que operan en México en cuanto a la información publicada sobre sus compromisos anticorrupción, y hace un ranking por sector, por empresa, por país de origen de la empresa, un ranking específico para empresas públicas y algunos estudios de caso.

El principal valor de este tipo de rankings e índices sobre corrupción impulsados por la sociedad civil y medios de comunicación, es el de colocar un tema relevante, como lo es la integridad corporativa, en la agenda pública. Es posible que el ranking IC500, si se publica de forma periódica y en la medida que logre generar un impacto mediático importante, no sólo coloque el tema en la agenda, sino que sirva de incentivo para que las empresas evaluadas desarrollen acciones para obtener una mejor calificación y se genere una competencia sana, que al final lleve a una mayor transparencia en la publicación de las políticas de integridad corporativa. Una revisión superficial del IC500 muestra que hay pocas empresas mexicanas entre las mejor calificadas. De hecho, el origen de las empresas extranjeras que operan en México está correlacionado a su vez con la calificación en índices de corrupción de sus países de origen, lo cual nos dice algo sobre el componente cultural-institucional de la corrupción.


Este ranking llega en un momento de cambio de paradigmas para el tema de integridad empresarial en México. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece nuevas responsabilidades para las empresas vinculadas a faltas administrativas relacionadas con actos de corrupción, y contempla sanciones que pueden ir desde la económica hasta la disolución de la sociedad, el equivalente para personas morales de la pena de muerte. La ley también plantea que la existencia de una política de integridad será tomada en cuenta al momento de establecer la gravedad de las sanciones.
Tanto el IC500 como la Ley de Responsabilidades se suman a un amplio abanico de estándares, estructuras de trabajo, recomendaciones, reglas, convenios multilaterales y leyes internacionales que presentan condiciones, sugerencias de acciones, obligaciones y políticas de integridad empresarial y de compliance que buscan crear una cultura de integridad y prevenir que las empresas incurran en costos derivados de multas y litigios relacionados con actos de corrupción, así como otros tipos de sanciones que pueden ser hasta penales.

Estos mecanismos incluyen la FCPA y la Ley Sarbanes-Oxley, de EU; Bribery Act, de UK; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención de la OCDE para Combatir Sobornos a Funcionarios Públicos Internacionales en Transacciones Comerciales; las Reglas de la ICC para Combatir la Corrupción; la Partnering Against Corruption Initiative (PACI) del Foro Económico Mundial; el “Código de Conducta Anticorrupción” de la APEC; el ISO37001 sobre sistemas de gestión antisoborno; el ISO19600 sobre estándares internacionales de gestión de compliance; el Manual sobre Anticorrupción, Ética y Compliance, elaborado por la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial; los Principios de Empresas para Enfrentar el Soborno, de Transparencia Internacional, así como la Guía sobre Gestión del Riesgo Empresarial de COSO, entre otros. Mención especial merece la Guía de Gestión de Riesgos para Empresas, elaborada por la ICC México y presentada apenas hace unos días, la cual busca convertirse en estándar internacional.

Ante las reformas legales recientes, este conjunto de iniciativas, así como la mayor importancia que adquiere la integridad empresarial en la opinión pública como medida para la prevención corresponsable de la corrupción entre empresas y gobierno, las empresas mexicanas enfrentan dos retos inmediatos. El primero de ellos es cómo diseñar, ante este gran abanico de opciones, obligaciones y recomendaciones, una política de integridad que no tenga como objetivo único el obtener una mejor calificación en el IC500, sino que le permita a la empresa prevenir de manera efectiva los costos asociados con la corrupción. El segundo reto es más bien institucional y tiene que ver con lo que el gobierno federal entiende como política de integridad empresarial, de tal forma que pueda ser tomada en cuenta para aliviar sanciones. Dado que no puede existir ambigüedad en esto, se vuelve indispensable para que la autoridad tenga un criterio único para definir qué es lo que se entiende como política de integridad y que exista un estándar nacional, basado en mejores prácticas pero que busque resolver los problemas específicos que enfrentan las empresas mexicanas ante la corrupción que se da en sus interacciones con las áreas de contrataciones públicas del gobierno.

Twitter: @benxhill

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