Opinión

Bonos educativos e inglés: Sobre el valor de las palabras

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Alumnos. (Cuartoscuro)

En el mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto anunció dos medidas potencialmente muy importantes para la educación: la emisión de Bonos de Infraestructura Educativa y la inclusión del Programa Nacional de Inglés para educación básica en el Proyecto de Egresos 2016. Si tomamos en cuenta las gravísimas deficiencias existentes en infraestructura escolar y en inglés, los anuncios mencionados parecieran, en efecto, muy relevantes.

Son bien conocidos nuestros enormes déficits en infraestructura educativa y en aprendizaje del inglés. En relación a lo primero, baste mencionar que, de acuerdo al censo educativo, 45.3 por ciento de las escuelas públicas de educación básica y especial del país carecen de drenaje y 40.8 por ciento no cuenta con baño para uso de alumnos. En inglés, la situación es igualmente preocupante. Así, el estudio Sorry: "El aprendizaje del inglés en México", elaborado por Miguel Székely, muestra que 97 por ciento de los alumnos recién graduados de secundaria evaluados se ubicaron debajo del nivel B1 que es el que establece la SEP como requisito para aprobar la asignatura de inglés y un igualmente alarmante 79 por ciento se situaron en nivel A0, que indica desconocimiento completo de esa lengua.

Claramente, existen razones suficientes para actuar de forma decidida en relación a estos dos temas. El problema con las medidas anunciadas para ello, sin embargo, está en los detalles y, sobre todo, en los posibles equívocos derivados de su fraseo y, en el caso de los bonos, de la forma en la que han sido “explicados” por diversos funcionarios gubernamentales en días recientes.

No es un tema menor el de las palabras y su capacidad para apuntalar o resquebrajar la confianza. Un lenguaje poco claro y/o contorsionado, en especial en el caso de un gobierno cuestionado en muy diversos frentes, no ayuda en nada a devolverle credibilidad a sus acciones. Más allá de lo certero de enfocar esfuerzos en dos temas clave, preocupa el que, hasta el momento, resulte muy confuso saber en qué van a consistir y en qué no las medidas anunciadas.

En el caso del Programa Nacional de Inglés, fuera del anuncio mismo, no se ha dado conocer ninguna otra información. El tema no aparece en el texto del Tercer Informe y tampoco sabemos cuál será la relación de este “nuevo” programa con el Plan Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) establecido por el gobierno federal en el año 2009. No contribuye a mejorar la credibilidad del gobierno contar con tan poca información sobre este asunto.

En lo que hace a los Bonos de Infraestructura Educativa, el gobierno ha dado más información, pero el problema es que las explicaciones y detalles ofrecidos más que aclarar, confunden. En resumen y de lo que alcanzo a entender, los bonos propuestos son un instrumento financiero para disponer, en el presente, de recursos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), etiquetados para infraestructura escolar. Ello, a través de la emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores que les permitan a los gobiernos estatales que decidan participar en el esquema captar recursos del público inversionista, mismos que les aportarán una suerte de “adelanto” con cargo a los ingresos futuros previstos en el FAM. Ese “adelanto”, si bien avalado con una garantía robusta (FAM) es, mírese por donde se le mire, un préstamo de los inversionistas y representará, por tanto, una deuda para los gobiernos. Insistir en que los bonos no son “deuda pública” probablemente tenga algún fundamento en la lectura literal de alguna disposición legal. Negar que los bonos entrañen asumir una deuda o fallar en explicarnos bien cómo es que no lo hacen, no ayuda a apuntalar la confianza y la credibilidad.

Además de ofrecer un recurso para “multiplicar los panes”, los bonos, nos ha dicho el gobierno, servirán –por ser un instrumento bursátil– para asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Es probable que esos bonos permitan, en efecto, minimizar el empleo de dinero etiquetado para infraestructura para otros fines. Parece difícil, no obstante, que el hecho mismo de ser instrumentos bursátiles baste para evitar que esos fondos se utilicen para favorecer a amigos o socios constructores y, por tanto, para limitar la corrupción y el dispendio. Para ello se requerirán otros mecanismos, mismos que, por lo pronto, no han sido ni mencionados.

Las acciones gubernamentales por muy importantes y pertinentes que sean requieren de credibilidad para traducirse en logros. Información incompleta y juegos de palabras no contribuyen a apuntalar dicha credibilidad.

Twitter: @BlancaHerediaR

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