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El gobernador Corral tocó un nervio muy sensible en el PRI-gobierno, muy sensible.
El lunes pasado, Javier Corral denunció públicamente al gobierno federal por retenerle a Chihuahua la entrega de 780 millones de pesos, en represalia por las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de ese estado sobre el desvío de fondos, presuntamente operado por la administración del priista César Duarte a favor de las campañas electorales del PRI, en 2016.
La reacción del gobierno federal y su partido fue inmediata, ha sido de una violencia notable y no ha logrado demostrar que la denuncia de Corral sea falsa. Esa reacción parece haber estado encaminada, más bien, a sembrar la duda sobre la veracidad de lo revelado por Corral, a volver indistinguible lo cierto y lo falso del caso, así como a intentar convertir al denunciante en acusado.
No es difícil en un país con bajísimos niveles de confianza en las instituciones y en los políticos sembrar la duda entre la ciudadanía sobre un político, como forma de defensa frente a revelaciones comprometedoras de éste para el gobierno y el partido en el poder. Basta con lanzar sospechas sobre la veracidad y las intenciones del denunciante, ofrecer algunos datos verdaderos revueltos con falsedades y/o especulación, y contraatacar construyendo una 'narrativa' múltiple y cambiante.
El mismo día de la denuncia de Corral, el presidente Peña Nieto la descalificó, no aportando evidencia sobre su falsedad, sino señalando que esta "parecía un acto político y auténticamente cargado de signo partidario". En igual sentido se pronunció el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, implicado en la investigación sobre el desvió de recursos durante el gobierno de César Duarte.
También el 8 de enero, la Secretaría de Hacienda (SHCP) echó a andar una sucesión de respuestas que combinan información verdadera con especulaciones. Por ejemplo, los recursos que Corral reveló han sido retenidos por Hacienda para Chihuahua se tramitaron, en efecto y como señala la SHCP, con el mismo tipo de instrumento con el que se transfirieron los fondos cuyo presunto desvío durante el gobierno de Duarte es investigado por la Fiscalía de esa entidad. Ese dato cierto, sin embargo, se mezcló con la aseveración de que la investigación de la Fiscalía de Chihuahua involucra la licitud del instrumento, cuando lo señalado por Corral y no desmentido por Hacienda con prueba ninguna, es que dicha investigación se refiere al (mal) uso de los recursos tramitados con ese instrumento durante el gobierno de Duarte y no a la legalidad del instrumento mismo. Adicionalmente al insistir en días subsecuentes sobre el mismo tema, si bien ahora argumentando que los cuestionamientos sobre la licitud del instrumento impiden transferirle recursos a Chihuahua en 2018, la SHCP también ha aducido tres nuevas 'explicaciones' de la retención de los fondos comprometidos a fines del año pasado. Que la cuenta bancaria proporcionada por la entidad había sido rechazada por el banco, que la aclaración al respecto había llegado ya concluido 2017, y que no había disponibilidad presupuestal para transferir los recursos convenidos.
No bastando la siembra de la duda para apagar el fuego, las reacciones del PRI-gobierno pronto empezaron a incluir el contraataque frontal, sin pruebas ni escrúpulos. Destaca, en ese sentido, la gravísima acusación que hizo contra Corral el precandidato del PRI a la presidencia, de ser "un gobernador que tortura". Merece destacarse, pues, que hacer una acusación de ese tamaño sin ocuparse de sustentarla con alguna evidencia, indica una irresponsabilidad mayúscula. Llama la atención, en sentido análogo, la andanada en contra del gobernador de Chihuahua, construida sobre la base del aumento de la violencia y la inseguridad en esa entidad.
La violencia en Chihuahua, en efecto, ha aumentado durante los últimos tiempos. Uno se pregunta, sin embargo, ¿con qué cara el gobierno federal le lanza piedras a alguien en materia de violencia cuando, de seguir la tendencia, esta administración terminará con una tasa de homicidio doloso peor (lo cual ya es decir mucho) que la registrada durante el gobierno de Felipe Calderón? Más importante, para lo que aquí nos ocupa: ¿qué tiene que ver el que haya aumentado la violencia en Chihuahua con lo denunciado por Corral? ¿No será, más bien, que la idea es convertir al denunciante en acusado de otro tema y 'desaparecer', en el camino, el asunto reclamado al gobierno federal por el gobernador de Chihuahua?
Twitter: @BlancaHerediaR
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