Opinión

¿Ayudar al gigante?

 
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telecomunicaciones

Uno de los principios rectores de la reforma constitucional y legal de telecomunicaciones de los años 2013 y 2014 fue el tratar de manera desigual a los desiguales, es decir, como se estila decir en la industria de las telecomunicaciones: regular de manera asimétrica a la empresa que fuera preponderante en telecomunicaciones.

En esos años era evidente que en México no existía competencia en el sector. Desde que se llevó a cabo la privatización de Telmex en 1990 (cuyos términos fueron absurdos, por decir lo menos), tal empresa no había hecho sino incrementar su predominio en servicios fijos y, posteriormente, también con los servicios móviles, vía Telcel.

La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 fue un ordenamiento ejemplar en muchos aspectos teóricos, pero en la práctica no sirvió para lo que era su principal cometido: regular efectivamente al operador dominante, disminuir su poder de mercado, mejorar las condiciones de competencia y, como consecuencia, mejorar la cobertura, calidad y precio de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.

Nada ocurrió. Casi todos los competidores del dominante desaparecieron del mercado, uno a uno. El regulador fue débil y, en ocasiones, cómplice del mantenimiento de tal estado de cosas (recuérdese la auténtica vergüenza internacional en que se convirtió la regulación del sector en el sexenio de Fox). Cada año obtuvimos las peores notas en los índices de la OCDE.

Reconociendo esta lamentable situación, la reforma de 2013 buscó cambiar en serio al mercado de telecomunicaciones mediante la regulación asimétrica efectiva del operador preponderante, es decir, a la empresa que, para su enorme fortuna, se ubica en tal supuesto legal: Telcel/Telmex.

En realidad fueron pocas las medidas asimétricas contenidas en la Ley de 2014. Una de las principales fue la llamada tarifa cero de interconexión, la cual consiste en que Telcel/Telmex no cobre por las llamadas que termina en su red a otros operadores y, por su parte, que sí pague por las llamadas que a los otros operadores les terminen en sus respectivas redes.

Se trataba de una medida trascendente para el reordenamiento del mercado, que se esperaba ocasionaría la disminución de las tarifas a los usuarios finales, más inversiones, mejores servicios y nuevas condiciones de competencia. Ahora sí, todo esto ocurrió. Por primera vez se logró una sustancial disminución en los precios de los servicios, en beneficio de los deciles de menores ingresos.

Fue una medida auténticamente popular. Los ingresos del sector, como un todo, disminuyeron, pues hubo más competencia, aunque los ingresos del agente preponderante siguieron siendo elevadísimos comparados con sanas prácticas internacionales; por ejemplo, a la fecha mantiene 69 por ciento de los ingresos por servicios fijos del sector.

Los beneficios de la reforma, sin embargo, fueron alterados severamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sentencia de agosto pasado, en la que, con una escolástica muy cuestionable, decidió declarar inconstitucional la llamada tarifa cero, con el regocijo de Telcel/Telmex y de los numerosos grupos de opinión que le apoyan.

Ahora el Ifetel deberá decidir cuál será la tarifa aplicable al preponderante y a sus competidores. Seguirá habiendo asimetría, sin duda alguna, pero atenuada en beneficio del gigante. Actualmente el gap tarifario es de 19 centavos de pesos por llamada; según Reuters, existe un proyecto de resolución en el Ifetel que disminuiría esta diferencia a ocho centavos, lo cual, conforme a datos de Canieti (cada centavo representa un ahorro anual para el preponderante de 40 millones de dólares) tiene un valor aproximado de 450 millones de dólares a favor de Telcel/Telmex.

Una mala sentencia de la Corte que tiene un valor monetario de más de ocho mil 500 millones de pesos anuales. Los corifeos del preponderante nos dirán que nada pasa, que solamente se afectarán las utilidades de sus competidores. Cosa falsa: la tarifa cero se habían traducido en ahorros tarifarios para la población de 42 por ciento, jamás vistos en México (por supuesto, nunca cuando el preponderante estaba desregulado).

Los operadores sí trasladaron los beneficios de la tarifa cero a la gente; así funcionan los mercados competidos.

Difícil decisión para el Ifetel, en la que de un lado tiene a la población y a la competencia y, del otro, el incremento de los ingresos del gigante. 

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