Opinión

Ayuda humanitaria, corrupción y oportunidades

12 septiembre 2017 13:22
 
  
 

 

Acopio

Cuando se presenta una catástrofe natural o se vuelve necesaria la asistencia a refugiados por un conflicto bélico, la rapidez con la que los afectados requieren la ayuda, y la cantidad de recursos involucrados, hacen que las acciones de ayuda humanitaria se vuelvan especialmente vulnerables a la corrupción. Por regla general, las catástrofes que requieren de ayuda humanitaria hacen necesaria la movilización de grandes cantidades de recursos, en tiempos muy cortos, lo cual estresa al máximo la capacidad de actuación de gobiernos, organizaciones civiles de ayuda y agencias internacionales; en muchos casos, además, las zonas afectadas por desastres pertenecen a sociedades atacadas por la corrupción, la impunidad y la inseguridad. También es frecuente que los desastres se presenten en contextos en los que los gobiernos no cuentan con la confianza de los ciudadanos, lo cual dificulta liderar y organizar los esfuerzos de alivio, así como reunir los recursos y apoyos necesarios. De forma adicional, la demanda extraordinaria de ciertos recursos y servicios en contextos de emergencia y en un ambiente de ilegalidad, abren la puerta a la especulación, al acaparamiento de suministros de distinto tipo (alimentos, agua, combustibles, medicamentos) y al abuso.

Si existe un contexto en donde quedan claros los efectos perversos de la corrupción, es en las operaciones de ayuda humanitaria. Aquí, la corrupción se hermana con la ineficiencia y la incompetencia (hermanas siamesas de la primera), para generar un daño directo y profundo a grupos de personas que enfrentan una situación de vulnerabilidad máxima y que, por lo mismo, exigen de la sociedad su mejor esfuerzo de ayuda. La corrupción se interpone entre nuestra capacidad de ayudar con eficacia a quienes con más urgencia lo necesitan, para profundizar la tragedia.

Existen aspectos específicos de la ayuda humanitaria que son muy vulnerables a la corrupción: los apoyos alimentarios, construcción de albergues y la distribución de medicamentos. En específico, se presenta corrupción en el manejo financiero, la colusión en el otorgamiento de contratos y el desvío de recursos para atender esas necesidades. Otro aspecto que adquiere una especial complejidad durante las operaciones de ayuda humanitaria es la disyuntiva entre gastar rápido y gastar bajo un esquema de controles, así como la decisión entre establecer o no criterios –y qué tan efectivos o 'duros' son esos criterios– para acercar la ayuda a la población objetivo, la afectada, y excluir a quienes no fueron afectados. Estos criterios y controles son en particular relevantes para prevenir desvíos de apoyos a quienes no los necesitan, o bien el cobro por la ayuda humanitaria que pretende ser gratuita.

Algunas recomendaciones que se han presentado en reuniones de expertos sobre riesgos de corrupción en situaciones de ayuda humanitaria, sugieren prestar atención no sólo al aspecto financiero de la ayuda, sino a la efectividad y el impacto de largo plazo, esto es, no sólo en salvar vidas, también es fundamental tomar en cuenta los procesos de reconstrucción y generar condiciones para el restablecimiento de una economía local sustentable. También se sugiere el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas (control, fiscalización) que promuevan, más que entorpezcan, los esfuerzos sociales para ubicar donativos y que ayuden a resolver el dilema entre gastar rápido y gastar bajo un esquema de controles.

Un obstáculo para la organización de la ayuda es la ausencia de confianza en las instituciones públicas; la ausencia de confianza puede limitar la capacidad de la sociedad de acercar ayuda a la población afectada. En situaciones de desconfianza, las donaciones a instituciones de gobierno, así como la colaboración con organizaciones sociales y agencias internacionales, se vuelve más compleja, afectando de manera directa a quienes más requieren de un esfuerzo de ayuda coordinado y conjunto. En ciertos contextos, la intervención de instituciones que cuentan con la confianza de la sociedad –por ejemplo, el Ejército– suelen ayudar a salvar el obstáculo de coordinación que puede presentarse por la ausencia de confianza.

En esta situación de emergencia se presenta una oportunidad para profundizar el alivio de los problemas de la zona más afectada, fuera del entorno del temblor. La región del Istmo y en particular Juchitán han estado desde hace tiempo afectadas por niveles de inseguridad que convirtieron a esa ciudad en la más violenta de la región. Al ser el Istmo una región de paso y de confluencia de encrucijadas –el pasaje Salina Cruz a Coatzacoalcos– para diversos tipos de tráfico ilegal, de forma destacada de drogas y personas, Juchitán vivía ya desde antes una situación de emergencia en materia de inseguridad que resultaba complicada de atender.

La presencia del Estado en esta región para atender la emergencia puede extenderse o plantearse dentro de un plan de largo plazo para reconstruir el tejido social, generar nuevas oportunidades de desarrollo, tal vez involucrando recursos del programa de Zonas Económicas Especiales, y de empleo sustentable para una población afectada por problemas de inseguridad, y ahora por el peor temblor en cien años.

* El autor es licenciado en ciencia política por el ITAM y maestro en administración pública por la Universidad de Harvard.

Twitter: @benxhill

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