Opinión

Ayotzinapa, campaña mediática

 
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El sábado pasado, en la esquina superior derecha de la primera plana del diario The New York Times, apareció a dos columnas una información muy negativa para el gobierno mexicano. Titulada “Investigators Say Mexico Has Thwarted Efforts to Solve Students’ Disappearance”, se refería ampliamente, como señalaba su cabezal, a la forma como dentro del gobierno mexicano habían frustrado los esfuerzos para resolver la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Pero una parte de ese largo despacho se refería a una campaña de desprestigio que había comenzado poco después de que refutara la versión oficial del crimen, sintetizada popularmente como “la verdad histórica”, presentada hace 16 meses por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.

El Times recordó los orígenes de esa campaña mediática, que comenzó en las tres primeras semanas de noviembre pasado, cuando se acusó a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, de malgastar el financiamiento del gobierno mexicano y de haber apoyado actos terroristas en el pasado. A lo que se refería el Times específicamente era a la denuncia de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en contra de la experta Claudia Paz y Paz, de quien dijo había sido militante “del grupo terrorista guatemalteco” Ejército Guerrillero de los Pobres, y a la cadena sistemática de publicaciones en el diario La Razón, de la Ciudad de México.

El 21 de noviembre el GIEI se entrevistó con el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, en cuya reunión uno de los expertos, Carlos Beristáin, le dijo que después de los ataques a Paz y Paz, la siguiente en la línea del desprestigio sería Ángela Buitrago, la cabeza más visible del GIEI. Campa, de acuerdo con varios participantes, le respondió que no le hicieran caso a La Razón, que era un periódico que nadie leía. Después de ello, Buitrago fue sometida a una intensa campaña de desprestigio en prensa y radio que después continuó contra el propio Beristáin (en este espacio se publicaron dos columnas críticas de él, y una réplica a los textos).

Los expertos han resentido las críticas en cascada, que casi nada de ello tiene que ver con su trabajo sobre el caso Ayotzinapa. Aunque para ellos ha sido difícil entender las entrelíneas de la prensa mexicana, dos expertos señalan que la línea conducente en esa campaña es una crítica a su “antimilitarismo”, que es lo que aprecian en el trasfondo de muchas de las descalificaciones. Aunque los miembros del GIEI ubican en el mismo lado a quienes los han atacado en los medios, el hecho que el resultado sea similar tiene orígenes, probablemente, diferentes.

El caso específico es el del abogado Ortega, cuyos antecedentes ideológicos están en la extrema derecha de Jalisco, y sus relaciones de poder lo vinculan con el Ejército. Su hermano Alejandro fue el abogado defensor del general retirado Tomás Ángeles, cuando lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico –salió libre por falta de pruebas–, y junto con el exsubsecretario de la Defensa se reunió en mayo de 2012 con otro general retirado, Arturo Acosta Chaparro, en la víspera de que lo asesinaran en un extraño incidente callejero en la Ciudad de México.

Acosta Chaparro participó en la llamada guerra sucia de los 70 en la sierra de Guerrero, donde se vinculó al entonces gobernador electo Rubén Figueroa Figueroa y a su hijo, posteriormente gobernador también, Rubén Figueroa Alcocer. La familia Figueroa es de Huitzuco, uno de los puntos señalados en las investigaciones del caso Ayotzinapa como uno de los sitios a donde llevaron un grupo de normalistas en 2014, y fue la promotora inicial en la política de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala cuando se llevó a cabo el crimen.

Los dos ejes de la campaña mediática se han establecido a partir de la coincidencia de los señalamientos en La Razón y de Ortega. “Hay sectores dentro del gobierno que no quieren que se cuestionen ciertas cosas y por lo tanto hay un intento de reforzar la ‘verdad histórica’”, le dijo Beristáin al Times. “Esos sectores dentro del gobierno nos veían como una amenaza y esto endureció su punto de vista hacia nosotros, lo que en la práctica refuerza la impunidad que detiene las cosas para que cambien las cosas en este país”. Reiteradamente el gobierno federal ha negado estar detrás de ninguna campaña mediática, pero se negó a firmar un comunicado conjunto para denunciarla.

Minimizarlo tampoco llevó a nada. Sugerencias a altos funcionarios del gobierno federal para que frenaran la campaña resultaron infructuosas, en buena parte porque dentro de la propia administración hay halcones y palomas; es decir, una línea dura y una conciliadora. La línea dura se impuso, como en otros casos criminales de alto impacto, y a varios medios llegó información que en ocasiones ni siquiera había sido judicializada en la PGR. El caso Ayotzinapa abrió una vena que no alcanzaron a ver en Los Pinos, donde debería haberse parado esta campaña, que rápidamente los alcanzó en forma de denuncia mundial. La información del Times fue el colofón. Los organismos de derechos humanos en el mundo ya condenaron esta campaña, que es tema recurrente en la prensa internacional. Como si no tuviera el gobierno suficientes problemas de credibilidad.

Twitter: @rivapa

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