Opinión

¡Auxilio!, dice Juan Ciudadano

¿Quién puede ayudarme? No sé bien de qué se trata, pero sé que es importante. Unos dicen que es lo mejor que puede pasarle a México, otros alertan sobre violación a los derechos humanos. ¿Quién puede ayudarme a saber si la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones presentada por el presidente Peña Nieto es buena o mala? ¿Quién puede decirme si esta ley permitirá restaurar la dictadura perfecta del antiguo régimen o si pondrá un freno a los poderes económicos?

La iniciativa “vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”, es lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Estamos enfilándonos hacia el control de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y demás?

Se permitiría que el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, entre otras autoridades, pudieran tener información en tiempo real de dónde está mi celular para algo tan vago como la “producción de inteligencia”. ¿Es cierto esto? ¿No se asemejaría esto más bien a lo que la KGV de la ex-URSS hubiera deseado en sus mejores sueños? ¿Tener el aval de la ley para espiar a todos con un cheque en blanco? ¿Por qué ha evitado pronunciarse la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra un tipo de geolocalización que ahora parece hasta light? ¿Estará permitiendo que se quebrante su autonomía para someterse al Ejecutivo Federal? ¿O es sólo negligencia?

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dijo que las sanciones eran muy bajas, que debieran ser de entre 10-15 por ciento en lugar de máximo 5 por ciento y que las sanciones debieran ser por igual para telecomunicaciones y para los de radio y televisión abierta. ¿Por qué algo que parece obvio para la OCDE y la experiencia comparada fue pasado por alto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dijo estuvo a cargo de la redacción de la iniciativa? ¿Por qué están diciendo que la OCDE manifestó que estaba bien la iniciativa en cuanto a contenidos y radiodifusión si en su comunicado expresamente estableció que no se pronunciaba en esos aspectos?

¿Por qué el Instituto Federal de Telecomunicaciones que nos dijeron que le dieron la máxima autonomía que da el Estado mexicano parece temeroso a pronunciarse en defensa de sus facultades y posición frente al poder político y económico? ¿Por qué si ha venido cumpliendo satisfactoriamente con sus obligaciones el IFT ahora no hace sentir su autonomía constitucional? ¿Por qué la CDH-DF, la OCDE y casi cualquiera defienden mejor al IFT que el propio IFT a sí mismo? ¿Pensarán que siguen teniendo las debilidades de la extinta Cofetel? ¿Les habrán tratado indebidamente de dar línea desde el Ejecutivo Federal o por parte de algunos legisladores del Senado sometidos al presidente Peña Nieto?

¿Por qué el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad han sido omisos en señalar la grave deficiencia de la iniciativa para hacer accesibles las telecomunicaciones a personas con discapacidad? ¿Harán caso en el Senado a la propuesta de capítulo para hacer realidad la inclusión digital de personas con discapacidad presentado el 11 de abril de 2014 por Katia d´Artigues y Clara Luz Álvarez, y que está en telecomysociedad.blogspot.mx?

¿Por qué el temor de la Secretaría de Gobernación, de Televisa, de TV Azteca y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de que existan verdaderos medios públicos y medios de uso social? ¿Será que con ello sería difícil ocultar información como el éxito de la convocatoria del Frente para la Comunicación Democrática que encabezan la protesta contra la iniciativa presidencial? ¿Se cumplirá con la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 para romper el monopolio de la formación de la opinión pública a través del fomento a los medios públicos y de uso social? ¿Harán algo el Senado y la Cámara de Diputados a favor del interés general y no de los radiodifusores, empresas de telecomunicaciones y del control presidencial? ¿Quién nos puede explicar a los ciudadanos sin mentiras?

Correo: claraluzalvarez@gmail.com

Twitter: @claraluzalvarez

telecomysociedad.blogspot.mx