Opinión

Auditoría gubernamental e ingresos públicos

 
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DINERO

Unos días de descanso no cayeron mal, por el contrario, nos permitieron tiempo hasta para hacer reflexiones sobre temas como el futuro de la fiscalización superior en nuestro país. Formo parte de la terna que se aprobó de acuerdo con la ley en la Comisión de Vigilancia, la cual sigue viva y deberá ser resuelta en un tiempo prudente.

Uno de esos temas de reflexión es el de la fiscalización superior de la política de ingresos, dentro de la cual se encuentra, por supuesto, la deuda pública. Es cierto, el gasto presupuestal es más sencillo y directo en sus cuentas, que los ingresos públicos de los tres órdenes de gobierno, además de que por su naturaleza los ciudadanos tienen obligaciones que cumplir frente al fisco, el cual cuenta con herramientas suficientes para hacer cumplir las obligaciones de manera voluntaria e inclusive los instrumentos punitivos para recuperar lo que no haya sido pagado correctamente.

Recaudación y auditoría fiscal forman parte central de la administración tributaria, que en México desempeña en el nivel central el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en los estados las secretarías de Finanzas a través de las subsecretarías de ingresos y de auditoría, igual en el nivel municipal o local. No es el tema en esta ocasión, pero más de 90 por ciento de los ingresos estatales son recaudados por el SAT, y existe la figura de la colaboración administrativa, mediante la cual las entidades federativas complementan el trabajo del SAT, recibiendo a cambio estímulos económicos.

Adicionalmente en México desde 2002 –la SHCP con el antecedente de Estados Unidos desde 1968– se publica el informe de gastos fiscales; cada año se presenta a la Cámara de Diputados, cambiando desde hace algunos años su metodología, en virtud de que sería un error considerar que, si se desapareciera, el incremento recaudatorio sería de la misma proporción.

Eso en el gobierno federal, sin embargo, no se hace en las entidades federativas, menos en los municipios, donde se ha llegado a casos de corrupción importantes.

El gasto público es más obvio en las cuentas públicas, por lo menos su registro contable, además de que el Presupuesto es un compromiso que debe ser aprobado al mínimo detalle por la Cámara de Diputados, y al ser discutidos por las diversas fuerzas políticas, es obligada su fiscalización por parte de la propia Cámara, a través de su órgano técnico, que en el caso mexicano es la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto que los ingresos también son discutidos y aprobados por ambas cámaras, que cada año aprueban las leyes de ingresos y la de derechos; sin embargo, los ingresos, al ser una estimación, su comportamiento depende además de la eficiencia de la administración tributaria, de condiciones económicas, sociales e incluso ambientales. El Servicio de Administración Tributaria tiene, por supuesto, su propio órgano interno de control, y por los resultados es evidente que ha sido eficiente, además de que se ha modernizado al nivel tal de poder facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes.

En cuanto a los gastos tributarios es evidente que hay un costo para el Presupuesto, al sacrificarse ingresos, como los incentivos fiscales; de ahí su necesaria transparencia y fiscalización, particularmente en el nivel subnacional o local.

Como ha sido comentado por los expertos en el tema, es evidente que en el sector productivo e incluso en términos de política, se prefiere recibir incentivos fiscales que subsidios presupuestales, sujetos más a discrecionalidad que a la inercia legal. Es claro que cualquier sacrificio fiscal, impuesto o derecho no cobrados o reducidos, tienen que ser transparentes y en el tiempo adecuado deberán mostrar su beneficio.

La ASF sólo ha revisado los gastos fiscales de 2012, será útil que a través de la auditoría de desempeño se realice una evaluación de sus resultados económicos y su impacto social.

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