Opinión

¡Atención!, señor presidente

Una de las deficiencias más serias que existen en México es la falta de una cultura sobre el conflicto de interés, que es cuando una situación determinada mina la imparcialidad de una persona, o puede, asimismo, explotar sus relaciones para beneficio personal. Un conflicto de interés se resuelve cuando esa persona, generalmente funcionario público, lo expone antes de ser descubierto y se excusa de participar en todo aquello que genere sospecha de irregularidad. Cuando no lo hace, la línea de la corrupción es muy tenue. Jesús Ramírez Stabros, funcionario en Los Pinos, se encuentra en esta situación. Fue pillado por la prensa potosina –de donde es originario– en un flagrante conflicto de interés y no ha pasado nada. Ni renunció, como dicta la ética pública, ni fue cesado.

Ramírez Stabros, expiloto de Mexicana de Aviación, entró en la vida pública en 2003, al ser electo secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores, con lo que inició una carrera política que lo hizo diputado federal y local. Gran publirrelacionista, este hombre con tipo de jet-setter y amigos en los medios, es responsable de la Coordinación de Vinculación de la Oficina de la Presidencia, que depende de Aurelio Nuño, uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.

El potosino llegó a trabajar a la Presidencia en febrero de 2013, dos meses después de iniciada la administración peñista, y seis meses después de haber terminado su gestión como diputado local en su estado. Una información publicada en Pulso de San Luis reveló recientemente que desde 2009 fue miembro del Consejo de Administración en la filial mexicana de la empresa española Iberdrola, con sede en Bilbao, especializada en la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Al ser descubierto por la prensa de su estado, envió una carta a los medios potosinos para explicar que los consejeros externos independientes, como era su caso, podían desempeñar sus funciones sin verse comprometidos con la sociedad porque no tenían capacidades directivas ni de gestión. Como no había una relación de subordinación, precisó, sus puestos mantenían una “total independencia de la compañía”.

Ramírez Stabros debe ser ingenuo o pensarse más listo que el grueso de los mexicanos. El ser consejero de Iberdrola al mismo tiempo de ser diputado federal, diputado local y alto funcionario de la Presidencia, presenta un dilema moral entre sus funciones públicas y sus actividades privadas. El conflicto de interés no indica en automático que quien incurre en él abusa de su poder o de la autoridad, y menos aún que sea corrupto. Pero la sospecha, al ser la línea entre la legalidad y la ilegalidad tan tenue, exige que quien se encuentra en esa situación haga un deslinde.

Ramírez Stabros nunca pensó que fuera necesario. Inclusive, como si fuera un argumento sólidamente moral y político, dijo en su carta a los medios potosinos que su relación era tan transparente en Iberdrola que su nombre aparecía en la página de internet. Si fuera tan diáfano el caso, ¿por qué al descubrirse la dualidad de sus responsabilidades y lealtades desapareció de la página de la empresa en internet? Tanto la empresa como el funcionario revelan culpabilidad de facto en esa reacción. Pero después de todo, ¿cómo alega el funcionario que no había un conflicto de interés cuando el presidente para el cual trabaja fijó como su principal reforma constitucional la energética? Ramírez Stabros, que renunció a su cargo el pasado 5 de julio, quiere que la PGR realice un peritaje jurídico para demostrar que mientras fue consejero de la multinacional, no incurrió en tráfico de influencias o ilegalidades.

Ese no es el punto central. El conflicto de interés está claro y nunca debió aceptar el cargo en la Presidencia sin antes renunciar a su cargo de consejero en Iberdrola y expresar por escrito, ante el abogado en Los Pinos, la relación previa que había tenido con la empresa y excusarse de cualquier actividad que tuviera que realizar en su nueva función, dentro del sector energético. No lo hizo porque no estaba en su cabeza que incurría en un acto inmoral. Lo demuestra que tampoco tuvo pruritos para ser diputado, donde se hacen leyes, y trabajar para una empresa privada.

Ramírez Stabros luce como un funcionario inmoral que no merece trabajar en la Presidencia. Pero la culpa no es sólo de él. Quien lo propuso para contratación no informó –o en el peor de los casos, ocultó– su relación con Iberdrola. En Los Pinos incurrieron en el siguiente error de no proceder a una verificación de su currícula para evitar sorpresas y escándalos, como cualquier gobierno que se respete debe hacer.

El problema va creciendo. En México hay denuncias del PRD para que lo investigue la Función Pública, y en España, un súbdito español lo demandó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el presunto acto de corrupción por haber trabajado para Iberdrola mientras el gobierno mexicano buscaba abrir el sector energético. En términos de ética pública, Ramírez Stabros debió renunciar. No lo ha hecho, por lo que en Los Pinos deben destituirlo. La Presidencia no puede permitirse mancha de ilegitimidad alguna. La inacción en este conflicto de interés, será una muy mala señal sobre cómo atacan la realidad y la percepción sobre la corrupción en esta administración.

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