Opinión

Apesta la licitación carretera

Todo estuvo bien hasta que estuvo mal. Este es el aforismo que se aplica al gobierno federal en el caso del desastre por el cambio de concesionarios del sistema de telepeaje nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo caso omiso al crítico informe de la testigo social encargada de revisar el proceso de licitación, porque las relaciones políticas del director de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme, le otorgaban un blindaje moral. Neme le informó más de un mes antes que empezara a trabajar el nuevo concesionario, que las cosas iban bien. Nada causaba desvelo. Ni siquiera el ruido natural de sustituir concesionarios, de una de las empresas de Carlos Slim, a una de grupos mexiquenses vinculados al presidente Enrique Peña Nieto.

Todo estuvo bien, en efecto, hasta que entró en operación la nueva concesión el viernes 1 de agosto, el fin de semana que inició el regreso de vacaciones. Entonces se supo que no habían hecho las pruebas necesarias, ni realizado una adecuada planeación. Los únicos usuarios de la nueva calcomanía IAVE para el telepeaje sin problemas fueron los autotransportes, según funcionarios federales. Irónico. El consorcio concesionario está encabezado por Arturo Alcántara, cuya familia es una de las principales en el negocio de transportes en el país. Quienes pertenecen a las cámaras del autotransporte, no sufrieron; la desorganización y el caos fue para los cientos de miles de usuarios que no son sus afiliados.

Fallaron los concesionarios, falló Capufe, falló la SCT, que al tener como vaso comunicante sus orígenes mexiquenses, la sospecha de una licitación a modo que comenzaron a expresar los columnistas de negocios desde hace dos meses, se fortaleció. De la misma manera, los esfuerzos por desacreditar a la testigo social para explicar por qué ignoraron su informe, parecen hoy un esfuerzo inicial por sepultar las irregularidades del proceso.

La testigo social, Mónica Barrera Rivera, con experiencia previa en la SCT, fue hostigada tras presentar su primer informe previo sobre la licitación el 6 de mayo, que se recrudeció después de entregar un segundo informe el 16 de mayo donde precisó que una de las empresas ganadoras, Integra Ingeniería, tenía embargadas todas sus cuentas bancarias, cajas de seguridad e inversiones, por un adeudo con el SAT de 101 millones y medio de pesos. Para salvar esa ilegalidad, después de otorgada la concesión, Alcántara pagó esa cantidad para superar el escollo.

El embargo a Integra Ingeniería fue el 28 de abril, dos días antes del fallo de la licitación, pero Capufe no vio mal darles la concesión. Tampoco reparó en la violación a la ley al presentar documentación en inglés sin traducción notariada al español. Quienes revisaron la licitación en Capufe aceptaron como muestra de su capacidad técnica para operar el sistema en más de 400 casetas de cobro en todo el país, la experiencia con la pluma de un estacionamiento en Veracruz. Y para ocultar su debilidad tecnológica, el grupo ganador presentó como propia la tecnología de Indra, lo cual rompía la norma porque no se puede presentar como propio la experiencia de una empresa que se subcontrataría.

El hecho mismo que presentaran a Indra violentaba el proceso, porque también estaba participando con OHL, que tiene la mayoría de sus contratos en el Distrito Federal y el Estado de México, con lo cual figuraba en el grupo que presentó la propuesta más alta –el ganador–, y el que había presentado la más baja. En la licitación hubo otra irregularidad, aceptar cotizaciones con más de un precio unitario para servicios iguales, pero tampoco preocupó a Capufe.

El informe del 6 de mayo fue dirigido a Antonio Cárdenas Arroyo, jefe de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Función Pública; a Eduardo Lavín, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de Capufe, y a Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de esa dependencia. Pero aparentemente para cubrir todos los flancos por el volumen de anomalías que encontró, la testigo social copió al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; al subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta, y a funcionarios de Banobras, Hacienda y otras áreas de Capufe.

Los días siguientes fueron una pesadilla para la doctora Barrera Rivera. La Secretaría de la Función Social, de quien depende la testigo social, la congeló. Personas cercanas a ella dijeron que le empezaron a llegar amenazas por teléfono y advertencias informales que sería la última vez que tendría trabajo como testigo social. Funcionarios federales descalificaron su trabajo por “subjetivo” y señalaron que tenía un conflicto de interés con una de las empresas que perdieron la licitación.

Tres meses después, cuando comenzó a operar el nuevo concesionario del telepeaje, su informe demostró que no estaba equivocada y que Capufe falló a favor de una empresa que no tenía la capacidad para la tarea. Si lo resuelve o no a partir de este lunes, la licitación quedará ya apestada por haberse entregado a un grupo mexiquense, por una institución cuyo director depende de un secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y del subsecretario Murrieta, que también son mexiquenses. Hay muchos mexiquenses metidos en este fiasco, lo que abre la puerta para que corra libremente la frase "es demasiada coincidencia para que sea coincidencia".