Opinión

Apatzingán, urge una investigación

Luego de Tlatlaya, los acontecimientos de Apatzingán deberían constituir una obligada ocasión para revisar la acción gubernamental a la hora de aplicar la ley.

A mediados de diciembre hubo en Australia un caso de rehenes. Un fanático religioso entró a una cafetería y retuvo a 17 personas inocentes por más de 16 horas. La crisis finalizó con la irrupción de un comando policiaco, que en el operativo abatió al criminal. Dos de los rehenes también fallecieron en la liberación. Como lo publicó CNN (http://www.cnn.com/2014/12/15/world/asia/australia-sydney-hostage-situation/), el secuestro terminaba pero la investigación apenas iniciaba.

Esta referencia podría ser útil. Los australianos, y el mundo, pueden debatir hoy sobre la pertinencia o no del operativo de rescate, la proporcionalidad de sus costos (dos vidas inocentes) frente a su ganancia (el rescate de los demás rehenes y la aplicación de la ley). Pero, sobre todo, se da por descontado que los ciudadanos de aquel país tendrán una investigación que dejará en claro la idoneidad y la legalidad de la manera en que actuó su policía.

En el caso del martes, incluso si damos por buena la versión oficial ofrecida por el comisionado Alfredo Castillo, la situación es muy distinta.
Aunque parezca una nimiedad, comencemos por decir que hasta el número de víctimas del desalojo de la presidencia municipal de Apatzingán ha sido asunto a debate. Sigamos con otro dato: ¿dónde estaba el principal encargado de la seguridad en Michoacán al momento de la crisis? No en Apatzingán, sino lejos de ahí, en la ciudad de México. Entonces, o no se pensó bien lo que se iba a hacer, o se subestimó el costo de un desenlace como el que se tuvo, donde si hemos de hacer caso a la autoridad murieron ocho personas, puros “malos”.

Otras interrogantes. ¿Quién estuvo a cargo del operativo? ¿El gobierno del estado? (es en serio la pregunta, pues tienen policías y fiscales) ¿El Ejército? ¿La Policía Federal? Queda claro que el comisionado no. Incluso él ha dicho que a él el general Patiño, encargado de la zona militar de Apatzingán, le pidió policías ministeriales para el desalojo. Entonces, ¿fue un operativo del Ejército? Y si así fue, ¿por qué los militares dejaron sin protección a los federales que vigilaban el retiro de los vehículos decomisados?

En todo caso, el gobierno mexicano emprendió el desalojo de un inmueble donde, según el comisionado, los ocupantes habían comenzando a introducir armamento. Cabe decir que algunos reporteros de la zona señalan que los invasores no parecían contar con esas supuestas armas.

Como en Australia, el Estado optó por la fuerza. Allá liberan la cafetería y a la mayoría de los rehenes. Muere el criminal. Acá liberan un edificio, pero algo sale mal y el saldo final es que hay ocho personas muertas en una refriega.

El gobierno dice ahora que luego del desalojo los policías fueron emboscados. ¿No contemplaron esa respuesta por parte de jefes criminales tan poderosos que habían ordenado la ocupación durante días de la presidencia? ¿Tan poderosos que habían, supuestamente, dotado de armas a los manifestantes?

Peor aún, ¿el gobierno federal, que ha tenido en Michoacán el mayor despliegue policiaco y castrense de este sexenio, nos está diciendo que hay hoy un grupo delictivo que en pleno Apatzingán puede “emboscar”, sin recurrir al factor sorpresa, a la Policía Federal?

Por si fuera poco hay testimonios de que algunas personas fueron ajusticiadas cuando ya no representaban una amenaza. Como en Tlatlaya. De confirmarse, sería terrible.

Como en Australia, urge una investigación creíble que nos diga si el gobierno actuó bien.

Twitter: @SalCamarena