Opinión

Ante las cifras alegres del gobierno sobre inseguridad

El gobierno de Enrique Peña Nieto se propuso el objetivo de que la violencia ya no fuera un tema central de la agenda pública. El presidente logró su cometido, pero eso podría representar un fracaso para la sociedad mexicana, que hoy no sabe bien a bien cuál es el estado de la inseguridad en el país.

México parece haber retrocedido en menos de dos años a niveles de 2008. Los avances institucionales construidos luego de los secuestros y asesinatos de Fernando Martí, Silvia Vargas, Hugo Alberto Wallace, Juan Francisco Sicilia, entre muchos otros, están en riesgo.

En medio del baño de sangre que se padecía en diversas regiones el sexenio pasado, y luego de ciertos crímenes emblemáticos, el anterior gobierno se vio forzado a permitir el escrutinio de la ciudadanía organizada y debió explicar sus estrategias. En reuniones del Sistema Nacional de Seguridad Pública los gobernadores y el Ejecutivo, acompañado de su gabinete, tuvieron que escuchar reclamos ciudadanos y formular compromisos. La nueva administración, en cambio, ha marcado una ruta muy distinta.

El gobierno del PRI prometió que la coordinación al interior del gabinete, y de éste con los gobernadores, daría mejores resultados que en los tiempos de Felipe Calderón. Pero ¿está hoy mejor el país que hace unos años? La mejor respuesta es terrible: bien a bien no sabemos. Si usted le pregunta a la Cancillería, ésta podría remitirle a su comunicado del viernes pasado cuando en respuesta a una alerta de viaje del gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que “la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado resultados contundentes en materia de seguridad pública, lo que incluye la reducción de 22 por ciento en el número de incidentes relacionados con secuestro, en comparación al año pasado”.

¿Tranquilizante? Ahora lea lo que informó ayer el Observatorio Nacional Ciudadano sobre lo ocurrido entre enero y junio de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013: “En el caso del secuestro la disminución se encuentra en un rango estadístico no significativo, ya que pasó de 823 a 808 averiguaciones previas, lo que equivale a una disminución de 1.82 por ciento.”

Sin embargo, lo peor no es la disparidad de esas cifras, sino algo que subrayó el Observatorio, que al desestimar “las declaraciones triunfalistas” de las autoridades denunció ayer de nueva cuenta (ya lo había hecho en julio) que la información oficial sobre los delitos de alto impacto tiene serios “problemas de calidad”.

En otras palabras, luego de decenas de miles de muertos, y de miles de millones de pesos gastados en el rubro de la inseguridad estamos en un elemental hoyo: la autoridad presume cifras muy distintas a las que plantean las organizaciones (en plural, porque no ha sido sólo el Observatorio el que cuestiona; para no ir más lejos, el lunes Isabel Miranda de Wallace denunció algo muy parecido).

¿Que ya no vemos, como en el sexenio pasado, matazones en Juárez, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco? ¿Y que por tanto es exagerado decir que no hay mejoría significativa? ¿No será que, precisamente, la falta de cifras confiables nos impide dimensionar la gravedad del rosario de muertes cotidianas y el reino de secuestros y extorsión en Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, etcétera?

Cifras oportunas e inobjetables sobre los problemas constituyen el insumo elemental de un país que se toma sus retos en serio. Cuando no es así, lo peor que pueden hacer gobierno y sociedad (y los medios) es no hablar con urgencia al respecto. El pasado también dejó lecciones, es hora de revisarlas.

Twitter: @SalCamarena