Opinión

Ante la crisis nacional, urgen respuestas

Hace apenas año y medio se celebraba el Pacto por México, como un logro genial del gobierno entrante de Peña Nieto. Se argüía que el regreso del PRI a Los Pinos, tras 12 años de mal gobierno panista, auguraba una nueva era de crecimiento, estabilidad política y paz social, que dejaría atrás el estancamiento, la improvisación, la violencia, la inseguridad pública y la incertidumbre.

A partir de ese acuerdo partidista se emprenderían reformas estructurales con rumbo que llevarían a México a la renovación de la esperanza; a un desarrollo modernizador, sustentable, incluyente, con empleos dignos; y a recuperar el prestigio y el liderazgo internacionales perdidos.

Hoy el panorama no podía ser más desolador y angustioso. Ayotzinapa y Tlatlaya han desatado al México profundo y están mostrando a nuestra sociedad y al mundo que existen problemas seculares culturales y sociales no resueltos, exacerbados por el estancamiento económico, los privilegios en la concesión de la obra pública, el crecimiento del crimen organizado, y lo que Diego Valadez ha descrito bien como “un agotamiento y deterioro institucional”, que se expande en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno y en todos los ámbitos de la sociedad.

Urge recuperar el desarrollo con equidad social; una auténtica transición a la democracia,  y realizar una eficaz reforma de Estado. Pero en la actual crisis sin precedente que vivimos, hace falta un golpe de timón, legitimado por toda la sociedad y no sólo por gobierno y partidos políticos, que han perdido credibilidad y que no parecen capaces de autoreformarse; “son parte el problema”, diría Rene Delgado.

Existe un consenso creciente de que los mexicanos -gobierno, empresarios, académicos, sociedad civil organizada, sindicatos (lo que queda de ellos)- tenemos que ponernos de acuerdo en cinco, siete o diez cuestiones cruciales que requieren cambio y compromisos creíbles. Ello es particularmente urgente si se considera el deterioro tan acelerado del tejido y la paz sociales, de la eficacia institucional y de la gobernabilidad y los liderazgos actuales que para algunos están convirtiendo a México si no en un “Estado fallido”, si cuando menos en un Estado sin derechos humanos efectivos en muchos ámbitos y con grandes vacíos de poder en las esferas federal, estatal y municipal.

1º. Necesitamos garantizar que los gobiernos gobiernen efectivamente y que los derechos humanos fundamentales -comenzando por la seguridad ciudadana y la equidad- se hagan cumplir a todos los niveles. A pesar de todos los convenios internacionales firmados y el enorme presupuesto asignado a la CNDH, ésta ha resultado pasiva e ineficaz para prevenir y denunciar las violaciones mayores: tortura, desapariciones y actos de lesa humanidad como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. Es crucial darle los instrumentos legales apropiados, pero también asegurar el liderazgo y la pasión por la justicia de su equipo dirigente, así como independencia política, imparcialidad y eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades; tornarla creíble y más cercana a los reclamos de los ciudadanos. Hoy existe la oportunidad al momento de elegir una nueva presidencia.

En los estados no hay por lo general instituciones independientes que den seguimiento efectivo a la gobernabilidad y a los derechos humanos, económicos y sociales in situ.

2º.   Hay que prevenir la corrupción y el mal gobierno, mediante la generación de un pacto político y la legislación necesaria, que permitan para las elecciones de 2015 la elaboración transparente de listas de precandidatos y candidatos a cualquier cargo, que garanticen hasta donde sea posible que se trata de personas libres de antecedentes y vinculaciones inconvenientes.

3º. Es urgente obligar a todos los que tienen un cargo político y administrativo en los tres ámbitos y niveles de gobierno que su patrimonio y su actuación pública sean trasparentes y auditados regularmente, desde el presidente de la República hasta los niveles significativos más bajos.

4º.  Se requieren nuevas leyes orgánicas de la PGR y las procuradurías estatales y del Distrito Federal  que les otorguen autonomía técnica y funcional -sujeta a controles internos, legislativos y sociales- y hagan posible impulsar la capacidad disuasiva y preventiva, junto con la investigativa y ejecutiva del sistema judicial.

5º. Es preciso generar reformas orgánicas y presupuestales respecto a los consejos de las judicaturas de la Federación y los estados, para fortalecer la independencia de jueces y magistrados y evitar que el presidente, los gobernadores y otros poderes fácticos influyan indebidamente en su selección y actuación. Como señala Diego Valadés, en otros sistemas el presidente de la SCJ no preside el tribunal de justicia más importante del país.

6º.  Urge ampliar las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación y las auditorías estatales para fiscalizar efectivamente el destino de las asignaciones presupuestales en la Federación, los estados y los municipios y crear unidades de investigación de corrupción política que permitan derivar en sanciones administrativas y penales.

7º.  En todos los países hay corrupción y crimen organizado. El problema en México es que la corrupción y el crimen organizado han extendido sus vínculos en todos los ámbitos, y que la impunidad es la regla, no la excepción. Se requieren programas e instrumentos efectivos y acciones ejemplares al más alto nivel que abatan la impunidad y renueven la confianza en la sociedad. ¿Bastaría con crear la Comisión Anticorrupción?

Ante la extensión de las manifestaciones pacíficas legitimas de reclamo, pero también de la violencia y la barbarie y las múltiples provocaciones de origen diverso en todo el territorio nacional -el ataque a la puerta de Palacio Nacional- urgen respuestas firmes, basadas en el Estado de derecho y en el rechazo a presiones explicitas o subterráneas para buscar chivos expiatorios o aplicar soluciones represivas autoritarias; éstas sólo contribuirían a deteriorar más el débil Estado de derecho en nuestro país.