Opinión

Analiza CIDAC causas y alcances de la piratería en el mercado mexicano

 
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Discos "piratas". (Cuartoscuro/Archivo)

Elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el estudio que la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) publicó recientemente como su reporte anual en materia de piratería, permite analizar aspectos poco conocidos sobre el fenómeno en México, y discutir sobre las urgentes líneas de acción.

Una primera conclusión que es necesario sopesar, determina que no se consumen productos pirata solo porque sean más baratos; el precio solo es una variable relevante en algunos consumidores, en ciertos contextos. Este enfoque arroja luces interesantes acerca de los incentivos que mueven la conducta detrás de la compra de productos de este tipo. Aunque el estudio no lo señala, es claro que algunas de las notas que pueden explicar la decisión de comprar productos pirata pasa por la ubicuidad de bienes que, comerciados en puestos ambulantes, salen al paso de los clientes repetidamente en las calles de nuestras ciudades; otro factor es la clara ausencia de una percepción de actuar ilegal al adquirirlos, esto es, el comprador sabe que un producto es ilegal, pero no tiene un mecanismo inhibitorio que se dispara en otros delitos; otro factor relevante es el abrumador efecto aspiracional que ciertas marcas y productos generan en algunos sectores de la sociedad.

Otra de las conclusiones del estudio recomienda elevar sustancialmente los costos de adquirir piratería mediante el monitoreo de las autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza de estos productos. En este punto el documento no refleja novedad alguna, sino que reconoce lo que muchos hemos dicho repetidamente en todas las formas, sin que el Congreso acuse recibo.

Lo que resulta urgente es dimensionar la relevancia del fenómeno, diseñando la legislación e instrumentos de política pública necesarios para contrarrestarlo de manera real y definitiva. Hasta ahora, solo en el discurso -y últimamente ni ahí-, se reconoce la gravedad de la piratería y se actúa, en lo que parece una omisión intencional. La PGR y el IMPI requieren más recursos si se pretende que sean instancias que lideren la lucha, y lo que resulta urgente es una ley que defina y sistematice los recursos para disuadir el comercio ilegal en todas sus formas, incluyendo desde luego el tráfico de productos falsificados. En el estado actual de cosas, los instrumentos jurídicos para la lucha contra estas formas de competencia desleal están dispersos en más de 20 leyes contradictorias y obsoletas, de modo que será necesario empezar….por el principio.

Por último, respecto de la consideración final del reporte, no hay más que suscribirla, en el sentido de que se debe difundir la idea de que las violaciones a la propiedad intelectual son delitos graves de alto riesgo, pues estos afectan el proceso de generación de valor, a las empresas, a los consumidores, a las finanzas públicas y finalmente a toda la sociedad mexicana. De hecho, parecería que el estudio queda corto en reconocer algunos de los otros efectos perversos de la piratería, ya identificados desde hace varios años, como puerta de entrada de muchas personas a la delincuencia organizada, como medio de explotación de sectores vulnerables de la sociedad y como mecanismo de financiación de diversas conductas y grupos delictivos.

Lo que ahora queda es saber que sigue después de los diagnósticos, porque conocer la gravedad de la enfermedad no puede sino convocar a tomar la prescripción recomendada; ¿estaremos ya en el punto en el que la evidencia científica del avance de la piratería nos haga reaccionar?

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