Opinión

Amado Yáñez, ¿testigo protegido?

Un gran misterio rodea el estado legal de Amado Yánez Osuna, principal accionista de Oceanografía, la empresa petrolera a la que investigan en México y Estados Unidos por un fraude millonario a Banamex, así como por posibles vinculaciones con el narcotráfico y lavado de dinero en los dos países. El misterio no es sobre qué tanto es su involucramiento en actos ilegales, sino qué tanto está recibiendo protección institucional y por qué razones.

Yáñez Osuna estaba en México hasta enero, y realizaba su vida normal. No había estallado el escándalo de su empresa, que desde que a mediados de febrero fue inhabilitada por irregularidades en sus fianzas, no ha parado. Yáñez Osuna viajó a Miami, y cuando se abrió la investigación sobre Oceanografía, envió mensajes a las autoridades que en el momento que lo requirieran colaboraría con ellas. Nunca lo llamaron este año.

La investigación prosiguió, pero el gobierno mexicano la mantuvo como un asunto “entre particulares”. La investigación federal en contra de la empresa fue sacada del congelador en la que estuvo a finales del gobierno de Felipe Calderón, y la conectaron con anteriores expedientes por delincuencia organizada en contra de varios de los socios de la petrolera. Yáñez Osuna, que no figura en esas investigaciones criminales, no tenía orden de localización ni de presentación a la PGR porque no se había abierto una averiguación en su contra. En ese contexto, el 22 de marzo tomó el avión de Miami a México y se presentó voluntariamente por la tarde a declarar en la PGR.

La confusión fue total. La PGR se quedó muda durante más de 24 horas, y casi al terminar el domingo confirmó mediante un comunicado que Yáñez Osuna había comparecido por su propia voluntad ante el Ministerio Público Federal ese sábado, y que por la información que proporcionó, había solicitado el arraigo “a fin de allegarse de mayores pruebas y elementos que deriven en una posible consignación en contra de los responsables del presunto fraude”. La duda sobre si está recibiendo algún tipo de protección gubernamental comenzó precisamente en este procedimiento.

La figura del arraigo se encuentra definida en el Código Federal de Procedimientos Penales como una medida cautelar que permite tener a su disposición a un presunto delincuente mientras se integran las pruebas que le acrediten su responsabilidad en un delito grave. Primer problema: Yáñez Osuna no era un presunto delincuente; por eso no existía siquiera una orden de localización y presentación, menos aún de captura. Para que un juez pueda obsequiar el arraigo se requiere demostrar, entre varios puntos, la gravedad en el ilícito que se le imputa, su posible evasión de la justicia y la impunidad que provocaría su libertad. Segundo problema: no hay gravedad en ningún ilícito, porque aún no se le adjudica ninguno; él se presentó voluntariamente, por lo que tampoco justifica el temor de una evasión ni impunidad.

¿Por qué se utilizó la figura del arraigo en una persona que no tendría por qué haber sido arraigada? Si esto no se entiende y la autoridad no lo ha explicado con claridad, abona en la duda el hecho, reportado por la prensa sin que se haya desmentido, de que le permitieran permanecer los 40 días de esa medida cautelar en una propiedad suya en el lujoso fraccionamiento Las Brisas en Acapulco, alejado de todo escrutinio público y acecho de la prensa.

Yáñez Osuna tiene los servicios legales del abogado Sergio Viveros, que ha trabajado para su familia en anteriores ocasiones, y con viejas relaciones dentro de la PGR. Viveros fue jefe de Mariana Benítez, la poderosa subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, y de Jorge Hugo Ruiz, jefe de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones de Procedencia Ilícita en la SEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. ¿Qué tanto influyó esa relación para el trato que le ha dado la PGR a Yáñez Osuna? Ruiz y Benítez tendrían que haberse excusado de cualquier relación con la investigación, no sólo con él sino en general con Oceanografía, por existir un conflicto de interés con Viveros.

Pero quizás lo que se ve no es la realidad. Si no entra Yáñez Osuna dentro de los parámetros para considerarlo un delincuente -hasta ahora no se sabe que exista una acusación directa en su contra-, ni tampoco existen bases legales sólidas para que se le obsequiara a la PGR el arraigo, ¿cuál es el papel que está jugando? Si colabora con la PGR y no hay acusaciones en su contra, lo que hace es aportar información para consolidar las otras investigaciones criminales que permitan construir el caso contra sus socios o contra aquellos funcionarios o exfuncionarios que permitieron a Oceanografía actuar fuera de la ley. Es decir, no estaría en calidad de detenido, sino de testigo protegido.