Opinión

¿Algún día aprenderán los gobernadores?

 
1
 

 

INE

Si algo pretendió la reforma electoral de 2014, que convirtió al IFE en INE, fue atarles las manos a los gobernadores para impedir que controlaran a los institutos electorales de sus estados con objeto de orientar a su favor la voluntad de los electores. Fue un reclamo encabezado por el PAN, que tenía en mente las prácticas de los gobernadores priistas y que formó parte de las negociaciones del Pacto por México. Lo que dicha reforma reivindicaba era reforzar lo que ya estaba establecido en la Constitución desde 1996, que las elecciones en todo el país fueran organizadas por instituciones autónomas, sin correas de transmisión con los gobiernos o sus partidos políticos. Pero la sola norma no ha cambiado el afán injerencista de los poderes locales en los comicios, y ello se evidenció en la reciente resolución del INE, que dejó sin efecto el nombramiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Al convertirse en autoridad nacional, se otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar a los consejeros de los institutos electorales locales, hoy Organismos Públicos Locales (OPL). También se le facultó para conocer asuntos de competencia local cuando fueran de trascendencia, afectaran el desarrollo de los comicios estatales o violentaran los principios de la función electoral local (arts. 32 y 120 de la Ley General Electoral, LGIPE). Esta facultad del INE de atraer asuntos locales requiere para su aprobación de una mayoría calificada de consejeros (al menos ocho votos de 11 votos), pues se entiende que su intervención en el ámbito local es una medida excepcional o extraordinaria.

Lo que no es extraordinario es el afán de los gobernadores por tener operadores políticos o alfiles a su servicio en dichos institutos locales, violentando el principio de autonomía constitucional que los rige. Esta práctica injerencista está muy arraigada en nuestro esquema federalista, en el que los gobernadores se conciben como virreyes plenipotenciarios que deciden y manejan las arcas públicas a su libre arbitrio. Hay que recordar que el presupuesto de los OPL es determinado y otorgado localmente; así, la independencia en el nombramiento de los consejeros está acotada por su dependencia del presupuesto estatal.

Lo que motivó que el INE ejerciera la facultad de atracción fue el nombramiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que es una pieza clave de la organización electoral porque coordina todas las áreas operativas del OPL. Como suele suceder, el proceso de nombramiento por el Consejo General del OPL siguió puntualmente los pasos establecidos en la ley (valoración curricular, evaluación del candidato por parte de una comisión especial y votación por mayoría calificada). Sin embargo, cumplir formalmente con los procedimientos puede ser la mejor manera de ocultar el atropello a principios básicos de autonomía e imparcialidad.

Al designar a Alfonso Guadalupe Torres Carrillo como secretario ejecutivo del OPL tamaulipeco, el Consejo General tamaulipeco destacó que había sido funcionario del Tribunal Electoral estatal, por lo que contaba con amplio conocimiento en la materia, pero pasó por alto que no cumplía con el requisito de no haber tenido cargo de dirección en algún partido en cualquier nivel de gobierno durante los cuatro años previos (art. 100 LGIPE). El INE documentó que Torres Carrillo había sido integrante de la comisión encargada de elegir a los consejeros estatales del PAN para 2017-2019, además de representante propietario de dicho partido en el distrito 01 de Tamaulipas en las elecciones de 2014-2015. Curiosamente, dichos cargos no aparecían en su CV.

Por una votación de 10 de los 11 consejeros del INE, se canceló el nombramiento de Torres Carrillo por incumplir el requisito de imparcialidad y se designó a un encargado del despacho para fungir como secretario ejecutivo durante el actual proceso electoral.

Esta resolución es muy relevante, porque con ella el INE bloqueó una eventual intromisión del gobierno local panista en las elecciones de Tamaulipas. Su propósito fue restaurar la autonomía del IETAM e impedir que el partido en el poder local capturara al árbitro en la elección de 2018, que ya está en curso. En 2015, Tamaulipas tuvo alternancia por primera vez en su historia y hoy el PAN gobierna la entidad. La mala práctica de pretender controlar el desarrollo de las elecciones en sus estados ya no es privativa del PRI.

Opine usted: jacpeschard@yahoo.com.mx

También te puede interesar:
Universidades públicas: autonomía con rendición de cuentas

La Corte contra la omisión legislativa
La soledad de la ASF: clave de la impunidad