Opinión

Alcaldes olvidados

Además de ser uno de uno de los trabajos más peligrosos en México, ser presidente municipal parece no tener el aprecio o el reconocimiento que deberían de merecer al ser funcionarios electos. Me imagino que muchos de ustedes estarán pensando que la mala imagen de los ediles del país es merecido: corrupción e incapacidad. Pero también es necesario reconocer que los presidentes municipales son la parte del engranaje de nuestra democracia más descuidada y menos atendida. Los datos son contundentes. En el año 2010 –de la administración de Calderón- murieron asesinados 14 alcaldes en todo el país, poniendo al 2010 como un año negro. Las entidades donde asesinaron a más alcaldes fueron Durango, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En cambio, en los últimos 13 meses de la administración de Peña Nieto –entre febrero de 2013 y marzo del año en curso- han muerto 10 alcaldes, y las entidades donde asesinaron a más fueron tan sólo Michoacán y Oaxaca. Esta administración empezó mal en lo que se refiere a la protección de alcaldes.

Hace unos días mataron a Gustavo Garibay García, alcalde panista de Tunhuato, Michoacán, ultimado al salir de su domicilio. Cabe destacar que ya habían atentado previamente contra la vida de Gustavo Garibay. No fue la primera vez que atentaron contra él, ya que el 31 de octubre de 2012 atentaron contra su vida, resultó lesionado de la cara y los brazos. Los meses que siguieron a este incidente el edil contó con protección federal –la cual fue otorgada por el expresidente Calderón. Por alguna razón, la protección le fue retirada.

¿Cómo es posible que continúen matando presidentes municipales en la región más militarizada del país? ¿No era de esperarse que parte del rescate de Michoacán incluyera operativos especiales para proteger a todos los presidentes municipales de esa entidad?

Tampoco puedo olvidar otro alcalde asesinado en el 2012, en Michoacán, y parecería que todos hemos olvidado. Pero su muerte sí dio la vuelta alrededor del mundo. El cuerpo de la alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, fue encontrado con señales de tortura y murió por un golpe a la cabeza. Era el tercer atentado en contra de la alcaldesa. En el primer atentado mataron a su esposo. Cuando la asesinaron ella contaba con 36 años y era madre de tres niños.

¿Cómo fue que se nos olvidó la muerte de Maria Santos?

Un corresponsal extranjero me preguntaba, días después de la muerte de María Santos, por qué había recibido poca referencia en los medios de comunicación nacionales. Y es que, le expliqué, el asesinato de autoridades locales en Michoacán es una nota de rutina, desafortunadamente.

Lo peor de todo es que solamente hablamos sobre estos alcaldes después de su asesinato. Es raro que hablemos sobre las amenazas que reciben éstos y sus familias. Ser presidente municipal actualmente en algunas áreas del país es una tarea casi imposible porque inclusive me comentaba que las familias de algunos presidentes de estados fronterizos tenían que vivir en EU.

Hace algunos años, entrevisté al Lic. Sergio Arredondo Olvera, Secretario General de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), la cual es la instancia de representación de Municipios más grande e importante de México, pues agrupa a más de mil 510 Municipios, sus Presidentes Municipales, síndicos, regidores y funcionarios. De acuerdo con el análisis de crímenes y atentados contra de autoridades municipales realizado por la FENAMM, en 5 años han sido asesinados por la delincuencia organizada 29 alcaldes, así como de más de 800 funcionarios municipales, responsables de las áreas de seguridad o regidores, entre otros funcionarios locales que han perdido la vida tristemente en este combate que se está dando a lo largo de nuestro país. El 2010 fue especialmente un año negro por la muertes de 14 ediles.

¿Es difícil proteger a los Presidentes Municipales? No, pero sí requiere de recursos, coordinación y sobre todo voluntad de hacer un lado consideraciones políticas para proteger a funcionarios electos. Un programa nacional preventivo que venga acompañado de una estrategia nacional, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la mejora en los presupuestos municipales son parte del requerimiento que los ediles actualmente demandan. Debemos pugnar porque se apoye a todos los presidentes municipales, de exigirle a la federación una mayor seguridad para los presidentes y a los funcionarios, pero también exigirles a las autoridades locales más profesionalización.

¿Puede sobrevivir una democracia si sus autoridades locales y sus familias viven amenazados de muerte? ¿Cuántos funcionarios municipales tienen que morir para que las autoridades federales consideren la integridad física de los alcaldes como una prioridad? Son preguntas que se tendrán que responder.