Opinión

Agro, ¿potencia exportadora?

 
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Agro

En el marco de la inauguración de la Expo México Alimentaria Food Show 2017 (¡vaya nombre para el evento!) la semana pasada el presidente Peña Nieto afirmó, en relación con el sector agroalimentario, que “México avanza en la ruta correcta de ser una gran potencia”, ya que “…es otra vez uno de los principales proveedores de alimentos al mundo” y que “entre enero de 2013 y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12 por ciento, por lo que a fines de este año las exportaciones alcanzarán 33 mil millones de dólares”. Atribuyó ese desempeño a las estrategias que instrumentó su administración como la tecnificación de riego, los mecanismos de información a los productores y el sistema de aseguramiento.

No hay duda de que el desempeño del sector agropecuario en los últimos años ha sido favorable. Desde 2012 el PIB ha crecido a tasas superiores a las del total de la economía; el empleo y los ingresos se han recuperado; y las exportaciones han mostrado un elevado dinamismo, lo que ha permitido generar superávits comerciales en los últimos tres años. En enero-octubre de 2017 las ventas al exterior de productos agropecuarios aumentaron 9.0 por ciento y las de agroindustriales casi 14 por ciento a tasa anual. Con ello, estas últimas representaron 8.5 por ciento de las exportaciones no petroleras del país, cuando históricamente se situaban en menos de 5.0 por ciento. Más allá de la continuidad y consistencia de diversas políticas públicas aplicadas en el campo, que vienen de administraciones anteriores y en esta se han perfeccionado (riego, seguros, información, sanidades)
—aunque prevalecen otras con grandes deficiencias como los apoyos a la comercialización, la investigación y la transferencia de tecnología a los productores, junto con una corrupción rampante—, así como buenas condiciones climatológicas y de fortalecimiento de los mercado externos, entre los múltiples factores que explican esa evolución favorable del sector está la transformación de los esquemas de negocio y de las relaciones con proveedores de diversas empresas líderes en el sector.

En ese ámbito, recientemente GEA dio a conocer un estudio sobre el 'Sector Agrolimentario como Motor del Desarrollo Económico de México (se puede consultar en la página www.structura.com.mx/gea) que analiza ese papel de las empresas y, en particular, el caso de SuKarne, que es un éxito en los subsectores pecuario y de producción de cárnicos por su contribución a la economía (la empresa representa 27 por ciento del PIB ganadero y 30 por ciento del de procesamiento de carnes), el incremento de sus ventas (13.8 por ciento anual en promedio en 2010-2016) y de sus exportaciones (11 por ciento anual en ese periodo) y los empleos que genera (cerca de nueve mil puestos de trabajo) pero, sobre todo, por el modelo de negocio que ha instrumentado, el cual integra desde la compra de ganado y otros insumos (granos) a productores primarios bajos esquemas de producción por contrato, hasta la venta directa al consumidor final, dando prioridad al desarrollo integral de proveedores: asistencia técnica, capacitación, financiamiento, acceso a insumos y garantías para la comercialización, entre otros. Ello ha redundado en que la empresa se ubique como uno de los grandes productores de carne de res a nivel mundial, además de ser un jugador preponderante en la fabricación de alimentos balanceados para animales, fertilizantes orgánicos y cuero.

Como en otros sectores, para consolidar el potencial productivo y exportador del sector agroalimentario se requiere la presencia de 'empresas tractoras' que integren a los pequeños y medianos productores a las cadenas producción-comercialización-exportación. Sin duda, además de SuKarne, existen múltiples empresas en este y otros subsectores que lo han logrado; no obstante, se requiere alinear las políticas públicas para generalizar esos modelos de negocio y transitar de una estrategia asistencialista a una con orientación productiva en el sector agropecuario.

* El autor es socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados.

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