Opinión

Acuerdo tributario sin concertación social

El Acuerdo de Certidumbre Tributaria que anunció la semana pasada el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, está lejos de ser un pacto fiscal con los sectores productivos.

A diferencia de los pactos, no hubo una concertación con representantes de la sociedad civil, pese a que se trata de una propuesta integral de política fiscal, cuya meta principal es la certeza impositiva en los próximos cinco años.

Más bien, es un compromiso unilateral del gobierno federal para no proponer al Congreso de la Unión cambios a la estructura tributaria aplicable en el país de aquí al cierre de la administración del presidente Enrique Peña.

El acuerdo recibió un tímido respaldo del sector empresarial, que lo avaló en términos generales, pero insistió en que buscará demostrar a la Secretaría de Hacienda las afectaciones de los nuevos impuestos y los aumentos a algunas tasas impositivas a partir de enero.

El acuerdo fue anunciado el 27 de febrero, un día antes de que concluyera el segundo mes del año, pues ese fue el compromiso del gobierno.

¿Más recursos vía fiscal?

El acuerdo prevé sólo hacer los ajustes al marco tributario que, de manera excepcional, sean imperativos por “eventos macroeconómicos sustanciales”.

Entre otros puntos, el gobierno reitera su obligación de combatir la evasión fiscal y reconoce el pleno derecho de los contribuyentes para interponer juicios de amparo.

También se compromete a mejorar la eficiencia del gasto público y transparentar el origen, destino y uso de los recursos, así como a proponer al Congreso una trayectoria decreciente para el déficit fiscal.

Al comprometerse el gobierno a no proponer nuevos impuestos ni a aumentar las tasas de los gravámenes existentes, la recaudación tributaria está condenada a mantenerse en niveles históricamente bajos.

En 2013, los ingresos tributarios no petroleros del sector público representaron 10.2 por ciento del PIB.

El gobierno estima que, gracias a la reforma fiscal de 2013, los ingresos tributarios aumentarán en 1 por ciento del PIB en el presente año y en 2.4 por ciento del PIB para 2018.

Una recaudación tributaria en torno a 11 o 12 por ciento del PIB, en el mejor de los casos, no ofrece certidumbre sobre la capacidad futura de financiamiento de los programas gubernamentales y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Adiós a la cobertura social

Así, los recursos derivados de la reforma serán insuficientes para incrementar la capacidad financiera del Estado mexicano, que no podrá cumplir holgadamente con sus obligaciones de gasto.

También serán insuficientes para establecer un sistema de seguridad social universal en el país, como el que propuso Peña desde que estaba en campaña por la Presidencia.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2014 incorpora, por primera vez, recursos para programas sociales como la pensión universal y el seguro de desempleo.

Si bien esos programas ya están considerados en el PEF para 2014, el Congreso aún no aprueba las reformas constitucionales que se requieren para instrumentarlos.

El compromiso de mantener inalterado el régimen tributario no permitirá garantizar un ingreso a todos los mexicanos mayores de 65 años ni un seguro para apoyar a los trabajadores que pierdan su empleo.

Twitter: @VictorPiz