Opinión

Actuar contra el abuso

   
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Los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Roberto Borge y Javier Duarte

Como usted sabe, México empezó a modernizarse en lo económico hacia la mitad de los años ochenta (en junio de 1986 ingresamos al GATT), y en lo político a fines de los noventa (con la derrota del PRI en la Cámara de Diputados, en 1997). Por fin empezábamos a movernos hacia lo que otros países habían hecho por siglos, y que está detrás de su avance económico, político y social. En mi opinión, América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo, y tiene algunos de los máximos ejemplos de corrupción precisamente porque evitamos el proceso de modernización.

Los Países Bajos inician ese proceso a mediados del siglo XVI, lo exportan a Gran Bretaña a mediados del XVII, y se generaliza cien años después a través de las revoluciones de Estados Unidos y francesa. Napoleón diseminó la modernidad por toda Europa (por eso Hegel identificó el fin de la historia con la victoria de Bonaparte en Jena, en 1806). Cuando Napoleón invade España, América Latina se independiza, para evitar la modernización. Y aguantamos otros dos siglos de privilegios y abusos.

El proceso que esos países distribuyeron en dos, tres o cinco siglos nosotros lo estamos haciendo en décadas, y no es fácil. Estos cambios generan grandes reacciones en contra, precisamente de quienes tendrán que perder privilegios. Así fue con el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con las reformas que lo acompañaron, y ahora con las que concluyeron la transformación. Los hombres más ricos del mundo y los sindicatos más grandes de América Latina perdieron mucho poder, y están enojados.

En materia política, la destrucción de la presidencia imperial implicó un vacío de poder en varios ámbitos que fue llenado por diversos grupos. Entre ellos, esos empresarios y sindicatos que ahora empiezan a ser controlados, pero también el crimen organizado y los gobernadores. Contra el crimen, la lucha inició hace diez años, pero no terminará hasta que no decidamos invertir lo que requiere, que es más del triple de lo que hoy asignamos a los organismos de seguridad, justicia y defensa. Pero el problema más serio de México, hemos dicho desde hace años, es el poder de los gobernadores, que no tienen contrapeso alguno. No los limita su Congreso local, ni su Tribunal local, ni el presidente de la República es su jefe, como lo era en el viejo régimen. Parece que hemos empezado a enfrentar este problema.

Los políticos responden a las exigencias de sus votantes, porque de ellos depende su futuro. Y los votantes en México han decidido que el tema que más les molesta es la corrupción, de forma que los políticos, en contra de su voluntad, han tenido que responder. Primero, organizaciones sociales y académicas lograron obtener una reforma constitucional para dar origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Después, con el apoyo de más de 600 mil ciudadanos, lograron sacar adelante las leyes secundarias del Sistema. Finalmente, en las elecciones de junio pasado los votantes castigaron a los gobernadores más abusivos, logrando derrotar al PRI en cuatro entidades que jamás había perdido.

Controlar a los gobernadores es un paso indispensable en la construcción del Estado de derecho pleno. Lo primero, creo, es proceder contra casos paradigmáticos de abuso, pero no quedarse ahí. La aplicación plena del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá auditar, desde la Federación, cerca de 90 por ciento de los recursos ejercidos por los gobernadores, reduciendo significativamente su margen de acción. Pero si no empezamos castigando los abusos casi inimaginables de gobernadores que están saliendo, como Borge o Javier Duarte, de poco servirá todo lo demás. En ellos se juega el PRI su futuro, y todos nosotros el nuestro.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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