Opinión

Acción de inconstitucionalidad

 
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Corrupción. (ciudadanosenred.com.mx)

La percepción ciudadana sobre la corrupción es inequívoca, junto con la impunidad, domina amplios espacios de la vida pública, desde la micro corrupción de la “mordida”, los litros o kilos de menos, hasta la corrupción en los gobiernos, los sindicatos, los partidos e incluso en el sector privado. Hoy la atención se ha centrado en tres de los estados que cambiarán de gobierno en unos cuantos meses, llegando al poder gobernadores de un partido distinto, al de los que se van. En los resultados electorales recientes, tuvo que ver la percepción ciudadana sobre la corrupción de los gobiernos, considerados por la gente como malos gobiernos.

De ahí lo oportuno de la presentación de las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hizo el Gobierno de la República, en contra de los congresos y gobernadores salientes de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, una respuesta rápida a lo planteado por los gobernadores electos de estos estados, su dirigencia partidaria y la opinión pública.

No es paquete, por ello Chihuahua dio su respuesta, el Congreso de Veracruz reconsideró y el gobernador retiró las propuestas, que afectan al Sistema Nacional Anticorrupción, en proceso de publicación. Hoy el tema está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto al daño a las haciendas públicas además de los recursos desviados, hay otras acciones moralmente negativas que implican daños presupuestales futuros y permanentes, en los estados y municipios, como la pretensión de basificar trabajadores, o donar la Casa de Gobierno.

La contratación de deuda de última hora, como los seis mil millones de Chihuahua, incluso para pagar cuentas pendientes con los proveedores del gobierno, no es una buena práctica, por un lado no es deuda para inversión productiva y se convierte en un lastre para las siguientes administraciones y un pasivo dejado a las generaciones futuras. Lo anterior no es para actividades permanentes, muchos son eventuales, crece la burocracia y se hace más ineficiente el gobierno.

Los gobiernos que vienen encontrarán dificultades, dado el bajo crecimiento económico del país, su dependencia de las transferencias condicionadas y no condicionadas, el bajo poder recaudatorio de sus facultades impositivas y les tocará en 2018, el cierre de la administración federal. Estas tres tienen un servicio de la deuda alto.

Es mejor prevenir, de ahí la importancia de la acción de inconstitucionalidad, todo se resuelve en base al Estado de derecho.

Cierto, la corrupción no es un fenómeno nuevo, la historia de la humanidad está llena de la misma, se ha dado y da en todos los sistemas políticos y económicos, y no sólo en los gobiernos, tiene su contraparte en las empresas privadas, en los sindicatos, los partidos, es un fenómeno universal. Pero tenemos que enfrentarla aquí.

La sociedad tiene un rechazo generalizado a la corrupción y sobre todo de la impunidad, de ahí su reacción antes estos intentos de blindaje o de impunidad de última hora, que no se concretarán.

Como se ha destacado, la sociedad se movilizó y logró la aprobación del sistema anticorrupción, que es un primer paso para castigarla y también para reconocer los espacios de honestidad, que también existen.

No se termina ese episodio, cuando se publica lo que sucede en Quintana Roo, a partir del interesante reportaje que realizan la revista Expansión y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre el uso de la información del Registro Público de la Propiedad, para apoderarse de muchas propiedades y extorsionar a numerosas empresas, algo que se debe investigar a fondo. Y eso que en Quintana Roo, desde la época de Hendricks se integraron en un solo organismo desconcentrado, el Registro Público de la Propiedad y el Catastro.

En fin, junto debe estar la transparencia.

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