Opinión

Acabar con el fuero

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El desafuero se ha convertido en una forma de amenaza entre las diferentes fuerzas políticas, que sólo en diez ocasiones ha llegado a su fin en la Cámara de Diputados, aunque la responsabilidad política y penal no se ha logrado imputar a estos servidores públicos.

A pesar de que el fuero es una figura jurídica incorporada a nuestro derecho constitucional desde las Cartas Supremas de Cádiz, y que se incluyó en la Constitución de 1857, no estuvo como tal en la de 1917 y fue hasta 1977 que se incorpora de manera textual el término “fuero constitucional”, convirtiéndose nuevamente en una figura jurídico-política.

De los más de 320 expedientes de solicitudes de juicio político que aún se encuentran vigentes, sólo el de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como la 'chapodiputada' por sus nexos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, inició con la instalación formal de la sección instructora.

Poco antes, diputados del PAN y PRD presentaron formalmente su demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Esta demanda continúa congelada como la del exprocurador Jesús Murillo Karam; los exmandatarios, de Sonora Guillermo Padrés Elías, de Nuevo León Rodrigo Medina, y el exjefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, entre muchos otros.

Porque en los archivos de la Cámara de Diputados sólo se encuentran documentados diez casos destacados de desafuero: el diputado José López Portillo y Rojas (1909), el senador Manuel Riva Palacio (1935), Los diputados Pedro Téllez Vargas, Carlos Madrazo y Sacramento Joffre (1945), los senadores Félix Ireta Viveros (1947) y Jorge Díaz Serrano (1983).

Así como el diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Juvenal Bejarano Martínez (2004), Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (2005), y el diputado Julio César Godoy (2010).

Estos casos no son nada comparados con los mil 906 aforados que existen en el país y que vulneran el principio de igualdad ante la ley. Entre ellos están el titular del Poder Ejecutivo, los legisladores del Congreso de la Unión, los 500 diputados, los 128 senadores, los 11 ministros del Poder Judicial, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los siete consejeros de la Judicatura Federal, los 20 secretarios de Estado, entre otros.

El Partido Encuentro Social tuvo como lema de campaña en la elección federal de 2015, que fue en la primera que participó, la desaparición del fuero político.

En primer lugar la iniciativa quita del artículo 61 la palabra fuero constitucional y se adhiere un párrafo en el que se señala que “no se considera que se violente el recinto parlamentario cuando se trate cumplimentar una orden de aprehensión, y exista previo permiso y coordinación del presidente del Congreso”.

Además se establece que bastará la sentencia condenatoria del juez de primera instancia para proceder a la separación del cargo, pero se contempla la posibilidad de que si con posterioridad obtiene sentencia absolutoria como cosa juzgada, entonces podrá volver al ejercicio de sus funciones en el cargo que tenía. No se enlista en esta iniciativa el cargo del presidente de la República.

De aprobarse, acabaría con la desigualdad que implica el fuero, pero hay muy poca voluntad política.

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