Opinión

¿A quién escucha el presidente?

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Marcha normalistas. (Alejandro Mélendez)

¿A quién escucha el presidente Peña Nieto? La respuesta a esta pregunta nos podría ayudar a descifrar las prioridades de políticas públicas y su estrategia de comunicación. Porque analizando los eventos en que a diario participa el presidente y sus declaraciones, parecería que no hay una estrategia o rumbo, ni es claro el mensaje ni lo que desea comunicar la Presidencia en un momento donde hay cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para enfrentar varios frentes: el de seguridad, la economía y la falta de credibilidad que surgen por los cuestionamientos de posibles actos de corrupción.

Y es que en las últimas dos semanas el presidente Peña ha participado en eventos relacionados con la seguridad en Ciudad Juárez, con los créditos del Infonavit y su política de vivienda, con las medidas para reducir el embarazo precoz, y con el fortalecimiento de la infraestructura del país por la reforma hacendaria.

Ayer, además de hablar sobre la reforma educativa, hizo mención del “elefante en la sala”, el tema que más afecta en este momento su capacidad de gobernar: el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El presidente comentó: “tenemos que darle atención. Tiene que haber justicia. Tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables, pero tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”.

Para muchos estos comentarios fueron desafortunados, ya que en lugar de insistir en que el gobierno hará todo lo posible para que se resuelva y se castigue a todos los criminales que participaron en esta masacre, asegurando que no habrá impunidad, el presidente hizo un llamado para que en el país quede atrás esta barbarie.

El mensaje y el momento en que hace esta declaración indican que el presidente y sus asesores no tienen un entendimiento claro de lo que representa el caso de Ayotzinapa para México y el contexto internacional.

Algunos dirían que en este momento el presidente y su equipo buscan llenar el vacío informativo, con la esperanza de que con el tiempo tengan más posibilidades de maniobra política después de las elecciones de medio término y de que la atención pública eventualmente se debilite ante el caso de Ayotzinapa para, de esta manera, debilitar a los grupos sociales que usan esta tragedia para promover sus intereses políticos. Además, el gobierno parece tener la esperanza de que, a pesar de la caída en el precio del petróleo, la economía empiece a reflejar un impacto en las arcas del gobierno y en los bolsillos de los mexicanos, gracias a la recuperación económica de Estados Unidos y las reformas estructurales.

Pero es un error asumir que con el tiempo será más fácil gobernar. La teoría del poder subraya que sucede todo lo contrario. Mientras más se acerca el término de una administración, más se complica el ejercicio de gobernar ante las presiones de intereses que buscan reemplazar al gobernante.

Si asumimos que el país va en un rumbo incorrecto, entonces tenemos que preguntar: ¿quiénes son los que más capacidad tienen de cambiar el rumbo emprendido por un gobierno? Quisiéramos pensar que en una democracia son los electores los que ayudan a definir las políticas públicas, las prioridades del Ejecutivo y de los legisladores. Pero parece que en las elecciones los ganadores serán quienes tengan mayor capacidad de movilizar legal o ilegalmente a los electores para que salgan a votar, y no quienes tengan la mejor propuesta electoral.

Pero regreso a mi pregunta original: ¿qué actores sociales tienen la capacidad de incidir en las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo? En la mayoría de las democracias es el sector privado quien mueve las decisiones del presidente y de los congresistas. En el caso de la “democracia” mexicana, parecería que nadie escucha y a nadie le importa lo que piensa el sector empresarial. Algunos de ustedes dirán que esto es algo bueno, porque el dinero no debería de definir las políticas públicas de un Estado.

Pero sí sorprende la poca reacción de la Presidencia y de la clase política en general a un desplegado del 20 de enero, donde el sector empresarial y sus organizaciones, entre las que destacan Concamin, Coparmex, la Asociación de Bancos de México, Canacintra y el CCE, exigen un “ya basta” a las agresiones en contra del sector y condenan la impunidad.

Pero a pesar del impacto que sobre el crecimiento y la producción pueda tener, el gobierno simple y llanamente no respondió al desplegado ni a los reclamos. Y si la Presidencia no escucha a los empresarios, entonces ¿a quién escucha? A los violentos.

Twitter: @Amsalazar

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