Opinión

A medio camino (1)

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Enrique Peña Nieto

En una semana estaremos a mitad de sexenio. Un momento propicio para evaluar los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. El sexenio inició con el compromiso de hacer frente a las crisis de la violencia y con una meta –reducir los homicidios en 50 por ciento en el primer año– que sonaba demasiado ambiciosa. Sin embargo, algo se avanzó en este rubro. De acuerdo con el Inegi, en 2014 se registraron 19 mil 669 homicidios, una cuarta parte menos que en 2012; el año pasado fue el menos violento desde 2008 (aunque la tendencia de disminución de la violencia se frenó este año y todo parece indicar que en 2015 observaremos un repunte en el número de homicidios).

En cualquier caso, la disminución de la violencia –y de algunos de los llamados delitos de alto impacto, como el secuestro– ha tenido consecuencias positivas en la vida cotidiana de los mexicanos. En particular, ha sido posible revertir en una medida importante el éxodo poblacional que ocasionó el crimen organizado, y la desintegración de familias y comunidades que éste implica. Miles de familias que de 2008 a 2012 dejaron sus hogares, particularmente en el norte del país, han podido regresar, y en muchas ocasiones reabrir los negocios que habían cerrado con su partida.

En contraste, cuando analizamos la percepción de los ciudadanos, los resultados son mucho menos alentadores. Desde el inicio de la administración y hasta septiembre de 2015, fecha correspondiente al último levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi (ENSU), el porcentaje de la población que manifestó sentirse “insegura” en su ciudad ha permanecido estable alrededor de 70 por ciento. Otros indicadores, el porcentaje de la población que confía en las Fuerzas Armadas o las policías, tampoco son satisfactorios. Al interior del gobierno, los funcionarios suelen justificar la mala percepción de los ciudadanos argumentando que ésta es resultado de una mala estrategia de comunicación, o de que el gobierno “no sabe vender” sus logros. Es probable que algo haya de razón en esta hipótesis. Sin embargo, hay otro factor más relevante en mi opinión: se ha avanzado muy poco en la consolidación de instituciones de seguridad profesionales.

Por doloroso que resulte aceptarlo, los esfuerzos y los enormes recursos que se han destinado a profesionalizar las policías no han arrojado resultados suficientes. Este fracaso se explica en buena medida por la falta de voluntad política para enmendar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los fondos que se distribuyen por medio del mismo. En la operación de los fondos se han privilegiado los criterios políticos sobre los técnicos, y el dinero se reparte de forma inercial (por regla general, los mismos municipios son los beneficiarios año con año, independientemente de su desempeño). Sin incentivos, la mayor parte de los gobernadores y los alcaldes ha preferido rehuir la difícil y riesgosa tarea de reformar sus instituciones.

No tenemos claro en qué se han invertido desde 2012 más de 50 mil millones de pesos destinados a dichos fondos (recientemente, ante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, se detuvieron las transferencias programadas). Por otra parte, los legisladores del PAN presentaron una iniciativa que contempla la creación de un organismo autónomo que reemplazaría al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque al organismo propuesto le faltan dientes, su creación podría contribuir a establecer las bases para que verdaderamente se incentive la profesionalización policial.

Algunas de las alternativas concretas de política que se han promovido han resultado desatinadas. El propio Comisionado Nacional de Seguridad reconoció hace unos días la necesidad de replantear la forma como certificamos que nuestros policías sean confiables, y sugirió que la prueba del polígrafo, que hemos aplicado con fe casi ciega cientos de miles de veces en los últimos años, no es el mejor indicador para evaluar si una persona es o no es apta para desempeñarse como policía.

Finalmente, en casos como los registrados en Tlatlaya y Tanhuato (donde todo parece indicar que se cometieron ejecuciones extrajudiciales) el gobierno federal no ha actuado de forma enérgica para sancionar a los responsables. Estos casos han generado un profundo descrédito y un desgaste institucional para las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. La férrea negativa a que la comisión internacional que participa en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa entreviste a elementos militares también ha contribuido a este descrédito.

Será muy difícil y muy tardado poner fin a las simulaciones y las malas prácticas que se encuentran profundamente arraigadas en las instituciones de seguridad. Sin embargo, se hubiera podido avanzar en la medida en la que el gobierno hubiera demostrado voluntad política para sancionar elementos que cometieran abusos. Hasta ahora ha prevalecido la misma lógica que observamos durante el gobierno de Felipe Calderón: cuando surgen cuestionamientos sobre el desempeño de elementos, el gobierno ha optado por cerrar filas con las Fuerzas Armadas o la Policía Federal, no con los ciudadanos.

Twitter: @laloguerrero

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