Opinión

A medio camino (2)

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Enrique Peña Nieto

En materia de seguridad, la primera mitad del gobierno de Peña Nieto fue un claroscuro. Ciertamente el país enfrenta una situación menos dramática de inseguridad que hace tres años. Pero no se ha observado un cambio radical. En la mayor parte de los casos las instituciones de seguridad pública todavía no son merecedoras de la confianza de la población. Tres transformaciones, que ya están más o menos delineadas (y que ya gozan de algún apoyo ante la opinión pública, o incluso en el gobierno) podrían hacer la diferencia en la segunda mitad del Gobierno de Peña Nieto.

Primera transformación: cambiar las reglas en la relación con los gobernadores y los alcaldes. Hace algunos años, cuando estallaron las crisis de violencia e inseguridad en varias regiones del país, prácticamente todas las policías estatales y municipales quedaron rebasadas. No hubo otro remedio más que desplegar a las Fuerzas Armadas y expandir a toda velocidad la Policía Federal. Se operaba en el entendido de que los “operativos conjuntos” serían transitorios y que los gobiernos estatales aprovecharían el apoyo brindado por la Federación para fortalecer a sus corporaciones (así se estableció, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008).

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, los gobernadores y los alcaldes han preferido nadar de muertito y, salvo en casos excepcionales, el gobierno federal ha optado por no presionarlos. En este sentido, la llegada del PRI implicó un retroceso. Durante el último año de la administración calderonista al menos se tomaron algunas medidas para “balconear” a los gobernadores que no cumplían sus compromisos en materia de seguridad. En contraste, la administración actual ha preferido seguir una aproximación conciliadora con tal de no alienar a las clases políticas locales.

Es necesario cambiar esta relación entre órdenes de gobierno y hay varias medidas que se deben impulsar para lograrlo. La más importante es reemplazar al Consejo Nacional de Seguridad Pública por un órgano autónomo que regule a todas las policías y las procuradurías del país, que las evalúe y que tome medidas severas en aquellos casos en los que no se reporten avances. Otra medida, relacionada con la anterior, sería endurecer los criterios para la asignación de subsidios federales de forma que, para acceder a los recursos, cada autoridad tenga que demostrar que está logrando avances.

Segunda transformación: dejar de solapar violaciones a los derechos humanos. La reciente recomendación de la CNDH –en la que se plantea que al menos una persona fue ejecutada por la Policía Federal en un enfrentamiento ocurrido en Apatzingán a principios de año– debería hacer reflexionar al gobierno sobre la urgencia de esta transformación. Actualmente existe un doble discurso en las dependencias de seguridad. Mientras hacia afuera se manifiesta un compromiso irrestricto con los derechos humanos, hacia adentro predomina la convicción de que estos abusos son inevitables para hacer frente a los criminales. Se reconoce que los soldados y los policías desempeñan su labor en condiciones de enorme vulnerabilidad, y se opera bajo el entendimiento de que a cada corporación le corresponde proteger a su gente, sin importar cuan contundente sea la evidencia de que actuó de forma indebida.

Esta es una visión arraigada, y serán necesarios muchos años para cambiarla. Sin embargo, el Ejecutivo sí puede mandar un mensaje de condena enérgica a la complicidad. Por ejemplo, si nombra en las unidades de asuntos internos a personas que actúen con independencia, y que verdaderamente investiguen, tanto casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, como abusos cometidos en contra de elementos policiales.

Tercera, reducir y racionalizar el uso de la prisión. Las cárceles son caras, no rehabilitan, y tienden a generar sus propios males (entre otras cosas, son espacios naturales para el reclutamiento de las organizaciones criminales). Por ello, la cárcel debería ser un castigo excepcional, destinado sólo a los criminales de mayor peligrosidad. Sin embargo, por años hemos caído en la trampa de pensar que “refundir” a los criminales es la forma de solucionar la delincuencia. Siguiendo esta lógica hemos saturado las cárceles de personas que no cometieron faltas graves, mientras que los criminales con más recursos frecuentemente logran salir libres. El principal problema, además de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos, es que las cárceles son espacios que operan de acuerdo a las reglas de los propios criminales (la fuga del Chapo fue sólo un ejemplo dramático de este “autogobierno” que es recurrente en los penales del país).

Es probable que con la instauración del nuevo sistema de justicia penal se logren reducir algunos de los abusos más evidentes, tales como el uso de la prisión “preventiva” en el caso de personas acusadas por delitos no graves. Sin embargo, hay mucho más que se puede hacer.
Por una parte, es necesario reducir la sobrepoblación de los sistemas federal y estatal de readaptación social. En el corto plazo, la mejor solución, a pesar de su impopularidad, es poner en práctica esquemas de liberación anticipada. Regular la venta y el consumo de mariguana, también sería un paso positivo, pues las conductas delictivas asociadas a dicha droga actualmente generan una enorme carga para los penales (a pesar de que la evidencia disponible sugiere que la adicción a la mariguana puede atenderse de forma más eficaz desde una perspectiva de salud pública). Finalmente, es necesario apostar a la prevención, entendida como un conjunto de acciones para evitar que las personas sean reclutadas por el crimen organizado y para evitar que se cometan delitos específicos, no como una vaga extensión de la política social destinada a “reconstruir el tejido social”.

Twitter: @laloguerrero

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