Opinión

A los próceres, una propuesta

   
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Los impulsores de la Constitución de la Ciudad de México rechazan las críticas que se le han hecho al documento. En su opinión, los críticos son personas que no entienden de derechos humanos, que tienen intereses que resultan afectados por esta propuesta, o simplemente son ignorantes. Ellos, en cambio, lo único que hacen es elevar a la ciudad por encima de cualquier otra entidad federativa y, en realidad, de cualquier nación. Nadie más ha planteado un proyecto tan ambicioso.

Si ésa es la posición, poco puede hacerse. Suena extraño, por decir lo menos, que quienes proponen otorgar todo tipo de derechos a todo tipo de grupos no puedan reconocer el derecho de otros a pensar distinto. No nos callan porque no pueden, todavía, pero descalifican sin reparo, y sin necesidad de argumentar.

Ante el reclamo de no mencionar la propiedad privada, no hay respuesta. Frente a la crítica de excederse en la lista de derechos, responden que sólo están reproduciendo lo que ya existe en la Constitución o en los tratados internacionales. Si es así, ¿por qué no se hizo lo mismo con la propiedad privada? También está en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no todo lo que pusieron en su proyecto aparece en la Constitución de la República, ni en la Declaración mencionada. Muchos de los derechos son de muy reciente aparición en las discusiones internacionales, y acaban mezclados con otros de larga prosapia, haciendo igual de importantes cosas que no lo son.

Frente al argumento de que todos esos derechos no pueden ser atendidos debido a falta de recursos, su respuesta es que acá no hacemos constituciones para que se cumplan, sino para que orienten. Como la del 17 y sus reformas previas a 1982: prometer no cuesta. Bueno, en realidad sí cuesta, y ése es el problema. Antes de 1982 acá se podía prometer lo que fuera y no cumplirlo, que para eso vivíamos todos fuera de la ley. Pero desde 1997 esto es cada vez menos cierto, de forma que las leyes se han empezado a aplicar, causando problemas serios. Los más conocidos son los relacionados con el debido proceso: cada vez que un caso llega a la Suprema Corte, el resultado es la liberación de los detenidos, porque nunca hay debido proceso. Qué bueno que así sea, y que paulatinamente nos vayamos convirtiendo en un país de leyes. Si los constituyentes de la Ciudad de México quieren entonces aportar algo para que funcione, deben tener un gran cuidado en incorporar aquello que puede cumplirse, y evitar prometer lo inalcanzable. Empezando con la oferta de la plenitud sexual, por poner un ejemplo jocoso.

Los promotores de la Constitución no tienen ningún sostén de su arrogancia. Los redactores no fueron electos, sino designados por Mancera; sólo 60 por ciento de los diputados llegó por elección, en listas, no de forma individual, y en una votación en la que participó una quinta parte de los capitalinos. Lo que hagan es legal, pero creo que no muy legítimo, de forma que sus argumentos derechistas, si no pueden defenderlos, no se distinguen de los artículos que escribimos otros, en cuestión de “autoridad moral”, como le dicen.

Entiendo que el día de hoy los constituyentes van a escuchar a la ciudadanía. Les propongo que retiren el proyecto de Mancera y que construyan una Constitución que diga explícitamente que recupera los derechos registrados en la federal y en los tratados internacionales, y que ocupen el espacio en definir con claridad funciones y atribuciones de los órdenes de gobierno, incluyendo mecanismos efectivos para controlar a los bandidos que dicen ser delegados.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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