Opinión

A la intemperie: La tensión entre orden y legalidad

No es nueva la debilidad del Estado mexicano. Ha habido épocas en las que se nota más y otras menos. Hoy esa debilidad es horripilantemente aparatosa, pero viene de muy atrás.

El origen remoto de esa debilidad tiene que ver con las herencias recalcitrantes de la conquista y el orden colonial. Una “colectividad” armada sobre la coexistencia entre mundos abismalmente distintos, autocontenidos y gobernados por sus propios usos y costumbres, en la que el poder de una minoría hiperprivilegiada y su miedo a ser devorada por la mayoría desposeída lo ha estructurado todo. País en el que el acertijo de la gobernabilidad se ha resuelto generado desigualdad ordenada a través de la aplicación selectiva de la ley.

La negociación de la ley y la operación de estructuras de intermediación social basadas en colectivos han sido históricamente, como bien señaló Fernando Escalante en su libro extraordinario Ciudadanos imaginarios, la espina dorsal de la gobernabilidad en México. Esa forma de ordenar la vida política y social en el país, es decir, de rutinizar conductas, regular conflictos y legitimar jerarquías, así como acceso diferenciado a los recursos, si bien no es ajena a la ley, nada tiene que ver con la aplicación pareja de la misma.

La legalidad no ha sido a lo largo de nuestra historia piso común de derechos. Su valor para la gobernabilidad ha radicado, más bien, en la transmutación de la incapacidad secular del Estado mexicano para aplicar la ley a todos por igual en fuente generadora de poder político en beneficio de la reproducción de la desigualdad. Dicho más claramente, ante la dificultad mayúscula de un Estado débil situado en una sociedad extremadamente desigual para aplicarles a todos la ley sin distingos, los detentadores del poder público en México han recurrido sistemáticamente a la negociación de exenciones en la aplicación de la ley a cambio de apoyo, recursos y obediencia. Escalante ha analizado como nadie todo esto. La película La ley de Herodes -especialmente en aquella escena memorable en la que el presidente municipal va a pedirle recursos al gobernador de su estado y éste le da un ejemplar de la Constitución y una pistola y le dice que si usa bien esas dos cosas, obtendrá lo suficiente y más- lo retrata de modo sin igual.

La negociación de la ley no constituye un elemento accesorio de nuestro orden político y social. La aplicación selectiva de la ley es uno de los pilares que han hecho posible ordenar y dirigir a una sociedad brutalmente injusta y desigual. Los otros dos, en particular durante el priismo clásico, fueron la coacción disciplinada y, en general, puntual, así como un sistema de intermediarios sociales responsables de organizar la relación jerárquica y desigual entre el poder público y los grupos sociales articulados en corporaciones o en redes clientelares.

Esa forma de gobernabilidad empezó a hacer agua en los 60 y 70. Durante los 80 y 90, mucho del andamiaje de intermediación social construido durante el periodo posrevolucionario se debilitó a raíz de la transición hacia una economía abierta con menor presencia estatal directa. A lo largo de la primera década de este siglo, y muy especialmente durante el período 2007-2012, se dinamitó lo quedaba de las estructuras de intermediación social gestionada centralmente y se abrió el grifo de la coacción pura, masiva y desconectada del orden legal por parte de los agentes del Estado.

La destrucción del viejo orden no se vio acompañada, sin embargo, por la construcción de nuevas prácticas e instituciones capaces de generar convivencia civilizada en un contexto caracterizado por el debilitamiento del Estado y el aumento de la pluralidad y la competencia política. Nos quedamos así a la intemperie. Ahí estamos.

Twitter: @BlancaHerediaR