Opinión

A la cárcel los corruptos

 
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Esta semana se divulgó esta información en México, en un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos: El Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos (el SAT estadounidense) ofrece mucho dinero por información acerca de personas y empresas que están evadiendo el pago de impuestos que le adeudan al gobierno de Estados Unidos. En una forma muy tentadora pone sobre la mesa cuál podría ser el monto de la recompensa en este comunicado: “el IRS puede otorgarles hasta 30 por ciento de los impuestos, las multas y otras cantidades adicionales de lo recaudado derivado de la información recibida.” O sea, por delatar a los evasores, uno puede hacerse rico, muy rico.

Además, el IRS toma todas las medidas necesarias para facilitar el trabajo de aquellos que quieran cooperar con ellos, creando un formulario especial para enviar por correo (Form 211, Application for Award for Original Information) un correo electrónico, enviar información por un portal que proporciona información en español, o llamar por un teléfono dedicado a este fin. Y aunque uno no quiera la recompensa, pero sí quiere denunciar por la repulsión [que causan] las personas que no pagan impuestos, o porque está enojado con su exmarido, o es un contador que fue maltratado por una empresa defraudadora, bueno, también se vale enviar la información al IRS. Y ésta es una de las razones por las que el IRS es tan odiado por los corruptos, porque no importa en qué país estén, los persiguen.

Pero también es un ejemplo de cómo los gobiernos pueden crear incentivos y facilitar que personas que tengan acceso directo a la información sobre actividades delictivas proporcionen esta información a las autoridades para que puedan perseguir a delincuentes.

¿Pueden imaginarse si el nuevo fiscal anticorrupción implementara un sistema similar para perseguir a corruptos en México?

Me imagino que muchos de ustedes asumirían que este sistema no funcionaría, ya sea porque la Fiscalía Anticorrupción se robaría el dinero de las recompensas o al recibir las pruebas simple y llanamente desecharía la información proporcionada si implicara a un político o funcionario con influencias.

Y esto es el problema fundamental del debate sobre la creación del sistema anticorrupción. La realidad es que las estructuras de la legislación actual sí permiten perseguir a los corruptos. Lo que no hay es la voluntad política por parte del gobierno y los partidos para hacerlo. Y aunque la insistencia de los legisladores del PAN-PRD de que no van a aprobar una legislación que no asegure la independencia del fiscal anticorrupción del Ejecutivo, es casi imposible que este fiscal sea independiente de la política. La propuesta de que sea seleccionado exclusivamente por parte de los legisladores implica un consenso entre los partidos.

Tal vez no hay escape de la naturaleza política que tendrá este fiscal, por lo tanto, la voluntad de perseguir a los corruptos tendrá que ser política de Estado. Estados Unidos tiene varios ejemplos interesantes, ya que al igual que México, la Procuraduría tiene vínculos directos con el presidente, quien nomina un candidato o candidata que tiene que ser ratificado por el Senado. Pero sí hay mecanismos para investigar hasta al mismo presidente, donde se nombran fiscalías o unidades especiales a las que se les da absoluta independencia del Ejecutivo. Ejemplos serían el de Atérrate (donde tuvo que dimitir el presidente Richard Nixon) y el caso Mónica Lewinsky, donde el presidente Bill Clinton estuvo a punto de enfrentar un juicio político con base en la investigación del fiscal especial nombrado para investigar varios casos y acusaciones de irregularidades por parte del presidente y la entonces primera dama, Hillary Clinton.

Pero este modelo solamente funciona si hay la voluntad política por parte del presidente de no interferir, que la Procuraduría garantice esta independencia y proporcione los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas y a veces peligrosas.

Si le tomamos la palabra al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien esta semana retomó un comentario hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción en México es un problema cultural, entonces el objetivo principal de este nuevo sistema anticorrupción es crear incentivos para cambiar la cultura política de este país. Y no hay mejor forma de cambiar el actuar de un funcionario, de un político, de la clase empresarial, que creando un temor real de que la corrupción se paga con cárcel. Y el nuevo sistema anticorrupción tiene que tener la independencia, los recursos, legislación y sobre todo la credibilidad para asegurar que políticos, funcionarios y empresarios del más alto nivel [relacionados con casos de corrupción] purgarán penas. De lo contrario, todo este ejercicio será una verdadera pérdida de tiempo.

Twitter: @Amsalazar

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