Opinión

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Santago Chepi, candidato a diputado federal por Morena

Para fortalecerlos, no para debilitarlos, es muy positiva la campaña que ha iniciado el senador Francisco Búrquez (PAN) para reducir el financiamiento público de los partidos. El sugiere reducir a la mitad el dinero público que reciben –de ahí el nombre de la campana en Change.org que ha recolectado casi 100 mil firmas. Aunque el monto de reducción debe ser un tema de debate y de análisis sereno, la propuesta de bajar los recursos es correcta. (La petición del senador también incluye al INE y al Congreso).

Durante buena parte del siglo pasado el PRI recibió financiamiento cuantioso e ilegal del gobierno. Por eso dotar a todos los partidos de amplio financiamiento público en la reforma electoral de 1996 era una medida necesaria que niveló la cancha del juego, aumentó la competencia y facilitó el pluralismo y la alternancia.

Pero el aumento de fondos públicos fue desproporcionado. Entre 1996 y 1997 el financiamiento público pasó de 596 millones de pesos a 2 mil 111 millones, un salto de casi cuatro veces. A lo largo de los últimos 18 años ese financiamiento ha seguido su racha alcista, así como también el financiamiento paralelo e ilegal que fluye a muchas campañas políticas. Mucho dinero ha tenido efectos perversos: ha burocratizado a los partidos, elevado sus nóminas, estimulado el clientelismo y los ha alejado de la sociedad. Asimismo, ha encarecido las campañas porque en lugar de que el dinero público inmunizara a los partidos de la adicción al dinero privado, ha atraído más dinero privado. Dinero llamó más dinero.

Los partidos se han convertido en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Ahí empezaba el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora. Según el mismo Alcocer, “el dinero en exceso pudrió a los partidos”.

Reducir el financiamiento a los partidos es una forma para que recuperen su condición de organizaciones de lucha política, una manera de humanizar nuevamente a sus dirigentes y militantes. Hoy menos dinero significa mejores partidos.

La propuesta de reducir el financiamiento a los partidos debe acompañarse de una narrativa que explique con claridad sus beneficios.

La propuesta debe ir más allá de saciar el enojo social o del argumento presupuestario: quitarle a los partidos para construir hospitales o escuelas. No es que sea desdeñable usar dinero para la salud o la educación, pero en términos globales el ahorro de bajar el financiamiento a los partidos es limitado en términos globales. Si se trata de tener mejor educación o salud, hay otras vías fiscales más eficaces. Ejemplo: si se redujera a la mitad el financiamiento federal de los partidos en 2016, el ahorro sería de 2 mil millones de pesos. Tan sólo el monto disponible de nuevos recursos por haber modificado el tipo de cambio en el proyecto de presupuesto para el próximo año dará 17 mil 800 millones de pesos extras.

Por ello el argumento debe ser que menos dinero reduciría el clientelismo y la burocratización de los partidos, contribuiría a abaratar las campañas y sería un arma muy eficaz para romper el ciclo corruptor que se detona a partir de campañas caras que requieren financiamiento ilegal y luego pago por medio de asignación de contratos u obra pública a precio alzado.

Se argumenta que menos dinero público significaría más dependencia de dinero privado. Sin embargo hoy tenemos mucho dinero público y una creciente dependencia del financiamiento ilegal.

El debate en torno a reducir el dinero a los partidos debe tener carácter pedagógico, como ha sido el caso en materia despenalización de la mariguana. Hasta ahora buena parte de la demanda de quitarles dinero tiene un tono de revancha. Entendible como es, el debate debe canalizarse de forma más creativa y didáctica. Menos dinero para fortalecer a los partidos, no como una vía de revancha o castigo.

El debate apenas empieza. Varias preguntas debemos responder.

¿Cuánto cuesta en la realidad una campaña electoral? ¿Cuánto debería costar? ¿Cuál es el balance saludable de dinero público y privado para financiarlas? ¿Cómo legalizar y transparentar parte del dinero privado que hoy se canaliza a las campañas de forma ilegal? ¿Qué fórmula usar para calcular la bolsa de los partidos? ¿Cómo hacer el ajuste a la baja? ¿Se requiere un periodo de transición?

Twitter:@LCUgalde

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