Opinión

28 de mayo

 
1
 

 

Sesión del Senado del 28 de abril (Cuartoscuro)

Ese día vence el plazo para aprobar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El coordinador de los senadores del PRI propuso un periodo extraordinario de sesiones pero después de la jornada electoral del 5 de junio. Los coordinadores del PAN y del PRD han dicho que debe ser antes para cumplir el plazo legal y lo mismo han demandado organismos de la sociedad civil.

Aunque ha sido común violar los plazos para aprobar legislación secundaria en diversas materias, en esta ocasión es particularmente importante cumplir el plazo por dos razones. La primera de reputación: mal iniciaría una legislación que busca combatir la impunidad y la corrupción mediante un procedimiento que viola la propia Constitución.

La segunda es más importante: una vez pasadas las elecciones, los incentivos para aprobar la legislación pendiente pueden cambiar radicalmente y limitar sus alcances.

Según organismos de la sociedad civil, el paquete de cinco iniciativas que presentaron el PRI y el Partido Verde la semana pasada es un buen punto de arranque. Incluyen el andamiaje central de coordinación interinstitucional, con capacidades fortalecidas de investigación, con un espacio formal de participación ciudadana, una mejor definición de las modalidades de corrupción, entre otros elementos. Expresan satisfacción porque contienen buena parte de sus propuestas originales, a pesar de que la parte simbólica más relevante haya quedado acotada: la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.

Que los organismos de la sociedad civil hayan etiquetado su propuesta legislativa como ley “3de3” fue un éxito mercadológico, pero entraña un riesgo: que si la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones queda fuera del paquete final del SNA, la lectura pública sea de fracaso y enojo. Quienes firmaron la iniciativa ciudadana lo hicieron justamente para “desnudar” la riqueza de los políticos corruptos (así es el razonamiento) y difícilmente podrán valorar los méritos de todo lo demás ante la ausencia de esta medida asequible, entendible y que daría a la sociedad una sensación de triunfo frente al abuso del poder.

El desafío de organismos civiles es cómo canalizar creativa y responsablemente el apoyo de 630 mil mexicanos que dieron su aval a la iniciativa ciudadana, uno de los ejercicios de participación más importantes en la época moderna. ¿Deben presionar para que se incluya la obligatoriedad de las tres declaraciones? ¿Cómo reaccionar al final del proceso legislativo si el paquete aprobado es bueno pero no contiene la obligatoriedad de las declaraciones?

El enemigo de hacer públicas las declaraciones no sólo es el PRI sino todos los partidos, según han expresado representantes de organismos civiles inmersos en las negociaciones del Congreso. Aunque en público apoyan la “3de3” en privado confiesan que no les agrada. La mejor prueba de que nadie la quiere es que salvo el senador Zoe Robledo (PRD), ninguno de los proponentes de la oposición ha hecho pública sus declaraciones a pesar de que hay una plataforma de Transparencia Mexicana y el Imco que funciona desde hace más de un año.

Si la propuesta hecha pública por el PRI es sólida, los partidos opositores pueden añadir la obligatoriedad de las declaraciones durante el periodo de dictaminación. Son mayoría y tienen los votos para lograrlo. Esa es una ruta más productiva y transparente de trabajo que dejaría al descubierto quién está de cada lado.

En lo personal no creo que la publicidad de las declaraciones sea un asunto medular, pero sí muy relevante simbólicamente. Lo más importante, sin embargo, sí corre el riesgo de quedar fuera: el nacimiento de una fiscalía anticorrupción y las modificaciones al Código Penal para definir con claridad los tipos penales. Combatir la corrupción requiere de la cárcel como amenaza creíble de última instancia.

Ciertamente la prevención es la mejor inversión en el largo plazo, pero en el contexto actual de una corrupción creciente, generalizada y fuera de control, un fiscal independiente y poderoso es un elemento central.

Cumplir la fecha del 28 de mayo es muy importante. Justo en este momento con 12 elecciones de gobernador, los partidos, en especial el PRI, pueden ser más receptivos para aprobar una legislación profunda en materia de combate a la corrupción. Pasada la jornada, las cosas pueden cambiar dramáticamente. La oportunidad es ahora, en las próximas tres semanas.

Hacer de la aprobación de la legislación secundaria un tema de campaña en lo que resta de mayo podría lograr el efecto virtuoso de aprobar una buena reforma el 28 de mayo.

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
Oportunidad histórica para combatir la corrupción
Por la tía que me cuidó de pequeño
Veracruz, ¿marca o producto?