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Sobrevivientes de Acteal rechazan conciliación amistosa con gobierno mexicano

Los sobrevivientes pidieron a la CIDH un juicio en contra del gobierno mexicano; también presentaron como nuevas pruebas, análisis y peritajes físicos y psicosociales de la masacre para probar que se efectuó en el marco de un conflicto de guerra.
Ángeles Mariscal/Corresponsal
20 octubre 2015 15:21 Última actualización 20 octubre 2015 15:21
Acteal

Los sobrevivientes de Acteal ofrecieron su testimonio a la CIDH. (@CdhFrayba)

TUXTLA GUTIÉRREZ. Durante la audiencia que se llevó a cabo en Washington, sobrevivientes de Acteal rechazaron una conciliación amistosa y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleve a juicio al Estado Mexicano por la muerte de 45 indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La petición también incluye al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Esta mañana, la CIDH recibió a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representantes legales de los indígenas; y a los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Durante la audiencia, los consejeros de la CIDH analizaron los argumentos presentados por los sobrevivientes de Acteal, quienes acusan al gobierno mexicano y al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de haber entrenado y armado a un grupo de indígenas de Chenalhó, quienes habrían sido los responsables de la masacre en la que murieron 45 personas y 26 resultaron heridas de gravedad.

Este caso, registrado como el 12.790 ante la CIDH, analiza desde marzo de 2005 las pruebas presentadas por los sobrevivientes, quienes señalan que la masacre se enmarcó en la estrategia del gobierno mexicano para amedrentar a quienes consideraban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los sobrevivientes presentaron como nuevas pruebas, análisis y peritajes físicos y psicosociales para intentar demostrar que la masacre se efectuó en el marco de un conflicto de guerra donde el gobierno mexicano los ubicaba como potenciales enemigos.

Roberto Rafael Campa Cifrián dijo que la investigación que el gobierno mexicano realizó sobre los hechos, no se pudo documentar esta teoría, y sí una que apuntaba a la masacre como resultado de conflictos intercomunitarios entre indígenas de la zona.

El subsecretario de Gobernación lamentó que a pesar de haber detenido a 107 personas acusadas de perpetrar la masacre, ninguno está detenido, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontrara que en los juicios hubo fallas al debido proceso.

“Lamentablemente no podemos volver a llevar a juicio a estas personas, la legislación no nos lo permite, pero lo que si podemos hacer es llegar a un acuerdo de conciliación amistosa para indemnizar a las víctimas”, dijo la delegación del gobierno mexicano y enumeró diversas acciones, entre ellas la creación de un fondo económico y servicios de salud para los sobrevivientes.

La respuesta de los sobrevivientes, en voz de su representante, Juan Vázquez Luna, fue de rechazar la conciliación amistosa y pedir un juicio contra quienes consideran los autores intelectuales de la masacre, entre ellos el expresidente Ernesto Zedillo y el excomandante de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo.

La CIDH deliberará en torno a las pruebas y argumentos presentados, y posteriormente hará publica una posible recomendación. No hay fecha programada para ello.

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