CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga dos mil 914 casos de posible conflicto de interés en la administración pública federal.
La dependencia a cargo de Virgilio Andrade dio a conocer, en respuesta a una solicitud de información realizada a través del INAI, que en los casos donde se haya incurrido en una falta se aplicarán los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley.
En primera instancia, explicó, se analiza la situación de aquellos funcionarios que declararon tener un posible conflicto de interés, así como de sus cónyuges, concubinos y/o dependientes económicos.
Si se encuentra, aseveró, que algún funcionario, durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurrió o ha incurrido en esta irregularidad, los órganos internos de control iniciarán la investigación correspondiente.
Para ello, solicitará a las áreas, dependencias y/o entidades que consideren pertinentes, la información que permita reunir los elementos necesarios para identificar la existencia o no de presuntas irregularidades relacionadas con los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Aunque se le solicitaron, la SFP no proporcionó el desglose por dependencia y por puesto de los funcionarios que declararon que sí tienen un posible conflicto de interés.
De los dos mil 914 casos de posible conflicto de interés, sólo 987 eligieron hacer pública su declaración de intereses, mientras que el resto lo mantuvo en reserva.
En febrero del año pasado, el Ejecutivo anunció ocho acciones para evitar los conflictos de interés, entre ellas el establecimiento de la obligatoriedad, a partir de mayo del año pasado, para que los funcionarios presenten su declaración de intereses.
No obstante, informó que del 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2015, 235 mil 289 servidores públicos incumplieron con la presentación de su declaración de intereses en tiempo y forma.
En el mismo periodo, de igual manera, seis mil 456 funcionarios incumplieron con la presentación de su declaración patrimonial en tiempo y forma.
OBLIGATORIEDAD Y DIFUSIÓN
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha planteado la necesidad de que todas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, además de obligatorias, deban estar disponibles para consulta pública.
De acuerdo con el documento "(Re) construyendo la confianza en el poder público. Las declaraciones patrimoniales como instrumentos de control ciudadano", estas declaraciones son instrumentos de transparencia gubernamental, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Según el análisis realizado por Guillermo Ávila, en México su eficacia normativa, administrativa y política resulta limitada porque la custodia, registro, control y fiscalización de esta información se restringe a instancias del Estado con recursos normativos, administrativos y políticos insuficientes.
Esto implica, además, la imposibilidad de la contraloría ciudadana, pues no hay acceso a esta información que, por relacionarse con el ejercicio de la función pública y el poder, tendría que estar disponible públicamente, señala.
"Por ello, en este documento argumentamos a favor de la disponibilidad pública de las declaraciones como una forma de propiciar la participación ciudadana en el combate a la corrupción, con base en la idea de que su contenido debe considerarse información de interés público y que la participación ciudadana es un elemento que, por sí mismo, contribuye con el desarrollo de la democracia sustantiva", concluye.