Nacional

Senado aprueba ley del Sistema Nacional Anticorrupción

Este sistema obliga a todos los funcionarios a presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; aglutinará a todas las autoridades que incidan en el combate a la corrupción. Con 18 días de retraso fue avalada por 116 votos a favor y 4 en contra, del PT.
Rivelino Rueda
14 junio 2016 23:46 Última actualización 15 junio 2016 5:0
Duro debate. Senadores de oposición discutieron ayer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). (Especial)

Duro debate. Senadores de oposición discutieron ayer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). (Especial)

CIUDAD DE MËXICO.- A 18 días de haberse vencido el plazo para su aprobación, en falta constitucional y tras un largo proceso legislativo de casi dos años, el pleno del Senado de la República aprobó ayer por mayoría la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Luego de seis horas de discusión, los senadores dieron “luz verde” al primer producto legislativo del paquete de siete leyes secundarias en materia anticorrupción.

El ordenamiento fue aprobado con 116 votos a favor del PRI, PAN, PRD y PVEM, así como cuatro sufragios en contra del PT, y se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

El Sistema Nacional Anticorrupción aglutinará a todas las autoridades nacionales que, directa o indirectamente, incidan en el combate a la corrupción.

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, del PVEM, apuntó que el objetivo del SNA es establecer principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades en la prevención, detección y sanción de faltas admi-nistrativas y hechos de corrupción.

Además, articulará y evaluará la política en la materia; se autoevalúa y será un sistema de inteligencia institucional para atender las causas del problema de la corrupción.

El sistema estará presidido por un miembro del Comité de Participación Ciudadana, que a su vez, estará integrado por representantes de la sociedad civil.

La legislación también establece sistemas locales de anticorrupción “espejos” en las entidades federativas.

En su oportunidad, la senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, puntualizó que el ordenamiento también establece la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual “contará con mecanismos interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en todo el territorio nacional”.

Celebró que en esta legislación todo servidor público estará obligado a rendir la declaración patrimonial y la declaración de intereses, a fin de que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que se cumpla con los principios constitucionales.

Al respecto, el senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz, aplaudió que el Sistema Nacional Anticorrupción cuente con una plataforma digital nacional, la cual contendrá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales.

El legislador panista mencionó que el Sistema también contará con el listado de los servidores públicos que intervengan en procedimien-tos de contrataciones públicas, el sistema de denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el sistema de información pública de contrataciones.

La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, reconoció como un avance el carácter rector del Sistema Nacional Anticorrupción a través de una Secretaría Ejecutiva y de un Comité de Coordinación, así como el papel central de los ciudadanos en la operación y en la administración sistema y la regulación de los organismos de anticorrupción locales.

No obstante, la legisladora señaló que su principal carencia es “concebir al Sistema Nacional de Fiscalización con dos cabezas, al facultar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para realizar la investigación y sanción de actos de corrupción”.

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