CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Gobernación negó el acceso a los cuarteles militares de Guerrero y del Campo Militar número 1 a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, según la Procuraduría General de la República, fueron asesinados por el grupo delictivo Los Guerreros Unidos.
Por ello, el grupo ya la analiza interponer un amparo, recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a instancias internacionales.
Lo anterior fue informado por Vidulfo Rosales, abogado de los padres, al término de una reunión encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.
"La respuesta de él es una negativa total. Dice que no se acepta, bajo ninguna circunstancia. Nosotros referimos que hay elementos de prueba en el expediente... Le dijimos que se estaba dando un paso atrás en el compromiso que se tenía anteriormente (y) dijo que sí, que así lo tomemos, que hay una decisión de Estado de no permitir la revisión en los cuarteles", indicó.
Según Rosales, funcionarios de la dependencia le aseguraron que la negativa era motivada por la radicalización de posiciones de los padres de familia y del propio Ejército: "La explicación de ellos es que se han polarizado las posiciones entre los padres de familia y el Ejército y que, hoy por hoy, ya no hay las condiciones para hacer esa revisión como antes".
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, reconoció que la negativa es una reacción ante situaciones "muy radicales" protagonizadas por ambos bandos.
Añadió que es necesario abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso, en especial, luego de que se dieran a conocer fotografías que miembros del Ejército presuntamente "tomaron a los muchachos en la clínica".
Recordó que el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, no aceptó abrir una investigación que involucrara al Ejército, porque no había pruebas, "y hoy con las fotos demostramos que sí estuvieron ahí en el lugar....nosotros sabemos que sí participaron de manera directa y por eso la exigencia a que se abra una investigación".
Reiteró que continuarán las movilizaciones y que el 26 de marzo, cuando se cumple medio año de la desaparición de los jóvenes, nuevamente realizarán "acciones globales de protesta".
Se pronunció a favor de que el nombramiento de Arely Gómez como procuradora General de la República no entorpezca ni retroceda las investigaciones.
"Para nosotros lo más importante es seguir adelante y ver la forma de decirle a la nueva procuradora que con el expediente que ya existe (se puede) avanzar y no volver a empezar", puntualizó.
Aclaró que no se romperá el diálogo con la Secretaría de Gobernación pero que, por el momento, no hay elementos que discutir.
En enero pasado, autoridades federales aceptaron que los padres visitaran el cuartel correspondiente al 27 Batallón Militar con sede en Igual, Guerrero.