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Sedena deberá entregar documentación sobre Ayotzinapa, ordena IFAI

El Pleno del IFAI revocó la respuesta dada por la Sedena a un particular y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva y entregar versión pública de fotografías y registros tomados a los normalistas de Ayotzinapa por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre.

CIUDAD DE MÉXICO. En lo que fue la primera discusión pública de un recurso relacionado con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, el Pleno del IFAI revocó la respuesta dada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a un particular y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva y entregar versión pública de la información solicitada, consistente en fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano en esa fecha, así como bitácoras y todos los informes con los que cuente sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.

A través de de un comunicado, el IFAI especificó que en la búsqueda que emprenda el sujeto obligado no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que acudieron a tomar conocimiento de los hechos y/o que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Asimismo, que en la información que debe entregar se clasifique, en su caso, únicamente aquellos datos personales que no hayan sido ya publicados por las autoridades investigadoras.

Cabe recordar que la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en uno de los peores casos de violencia cometidos por el crimen organizado con la anuencia y ayuda de autoridades municipales. De acuerdo con la PGR, los estudiantes fueron secuestrados y masacrados por el cártel Guerreros Unidos porque los confundieron con miembros de otro grupo criminal. Las policías municipales de Iguala y Cocula colaboraron con ellos.

De acuerdo con información basada en expedientes de la PGR, algunos estudiantes lograron escapar para pedir ayuda; cinco de ellos acudieron al Hospital Cristina de Iguala, donde el personal informó a los militares del 27 Batallón de Infantería quienes acudieron al hospital, revisaron a los jóvenes, anotaron sus datos y les tomaron fotografías para finalmente retirarse sin realizar alguna otra acción.

Sin embargo, ante la solicitud del particular la SEDENA declaró incompetencia para conocer esta información, por lo que presentó el medio de impugnación ante el Instituto.

En el análisis del recurso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que existen indicios sobre la presencia de elementos del ejército mexicano en el Hospital Cristina, dados los testimonios de testigos presenciales. Además, la normatividad aplicable obliga a los militares a rendir cuenta diariamente de las novedades de su jurisdicción.

Asimismo, la PGR informó que la dependencia ha participado en reuniones y grupos de trabajo en coordinación con otros sujetos obligados y colaboró en la búsqueda de los desaparecidos. De ello se deriva que la SEDENA sí debería contar con elementos para entregar la información solicitada.

Salas Suárez también explicó que la información solicitada podría formar parte de una averiguación previa en curso y contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal. Sin embargo, existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, la SEDENA no podría clasificar esta información como reservada. Lo anterior, debe ser sin perjuicio de la protección de aquellos datos personales que pudieran obrar en la documentación y que no han sido ya publicados por las autoridades investigadoras.

Finalmente, comentó que los hechos que involucran a los 43 normalistas de Ayotzinapa evidencian la importancia y el desafío que encara el IFAI de garantizar el derecho de acceso a la información pública para el devenir democrático del país. Gran parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional, dijo, se solidarizó con las familias de los estudiantes, para exigir al gobierno federal rendir cuentas de la investigación y advirtiendo la fractura del contrato social entre ciudadanía y gobierno.

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