Nacional

Revelan presuntos desvíos multimillonarios vía universidades públicas

Una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) reveló una red en la cual 11 entidades del gobierno federal emplearon universidades públicas para dar contratos por miles de millones de pesos a empresas irregulares.
Redacción
04 septiembre 2017 23:7 Última actualización 04 septiembre 2017 23:7
Corrupción

ade

Entidades del gobierno federal presuntamente emplearon una red de universidades públicas y empresas irregulares para desviar miles de millones de recursos, según una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

“El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado”, señala el reportaje La Estafa Maestra.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos, añade el texto.

Entre las anomalías registradas están por ejemplo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró a 11 como empresas “fantasma” e investiga a nueve más por la misma razón.

Otras irregularidades son que 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando las buscó para revisar su legalidad.

Además, en la mayoría de los casos ni siquiera se hizo el servicio contratado.

De acuerdo con Animal Político y MCCI, 7 mil 760 millones de pesos fueron desviados por esta vía por 11 instancias del gobierno federal.

“De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más”, señalan.