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Realizan cateo al terreno del proyecto Dragon Mart, clausurado en enero

La orden de cateo al predio “El Tucán”, donde se pretendía llevar a cabo el proyecto proyecto comercial y de negocios, y clausurado en enero pasado por la Profepa, lo concedió un juez federal como parte de las diligencias que integra la averiguación previa del asunto.

CANCÚN, QROO.- A solicitud del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un cateo al terreno del proyecto comercial y de negocios Dragon Mart Cancún.

La orden de cateo al predio "El Tucán", en las cercanías de Puerto Morelos, donde se pretendía llevar a cabo el plan inicial de inversión de 200 millones de pesos y clausurado en enero pasado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo concedió el Juzgado Quinto Penal Federal.

Según dio a conocer la PGR el cateo encabezado por el agente del MPF adscrito UEIDAPLE, forma parte de las diligencias que integra la averiguación previa, iniciada luego de la denuncia que presentó la Profepa, ante la probable comisión de hechos constitutivos de delitos en materia ambiental.


A criterio de la dependencia a cargo de la protección ambiental, los responsables del proyecto Dragón Mart Cancún infringieron la normatividad administrativa ambiental vigente e incurrieron en la posible comisión de delitos previstos en el título vigésimo quinto del Código Penal Federal.

La diligencia en la que participaron servidores públicos de ambas dependencias federales tuvo como objetivo recabar mayores datos de campo, que ayuden a la emisión del dictamen pericial correspondiente y la determinación del daño e impacto ocasionados al ambiente, en virtud de los trabajos realizados por la empresa responsable del proyecto.

Durante las acciones ministeriales en el predio "El Tucán" participaron peritos en fotografía, criminalística, ingeniería y arquitectura, habilitados en materia forestal e impacto ambiental de la PGR.

También participaron peritos de la Profepa, para recabar indicios que permitan establecer con precisión la superficie afectada por la tala o desmonte, los ecosistemas que sufrieron desequilibrio y los impactos ambientales ocasionados por los desarrolladores del complejo. Además intervinieron elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal.

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