IGUALA.- El gobernador del Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, indicó que deben ser investigados y llamados a declarar el expresidente municipal y actual diputado federal priísta Salomón Majúl González y el exdelegado federal de la Sedatu y actual diputado local, Héctor Vicario Castrejón, acusados por El Cabo Gil, de brindar protección al grupo delictivo Guerreros Unidos a cambio de recursos económicos.
Así también El Cabo Gil evidenció en sus declaraciones ante la PRG, a los presidentes municipales de la zona norte entre ellos de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, y de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, ambos priístas; así como a los perredistas de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; de Iguala, José Luis Abarca, y de Apaxtla, Efraín Peña Damasio, y al panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, y de Ixtapa de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete junto con sus policías municipales le brindaban protección.
Ortega Martínez, fue entrevistado después de asistir al informe de gobierno, del alcalde sustituto de Iguala, Silviano Mendiola Pérez y dijo: "conviene que ahora se profundice la investigación sobre los 9 presidentes municipales señalados, en las declaraciones que hiciera el Cabo Gil, y ayudará en mucho porque va a permitir que esa impunidad y esa acción de protección de delincuentes y su vínculo con algunas personas quede al descubierto".
El mandatario estatal, opinó que con la detención de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, autor material del levantamiento, ejecución e incineración de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, habrá de darse más luz, información y datos que ayuden a profundizar el tema de la tragedia de Iguala y la investigación de los normalistas desaparecidos.
"En toda investigación se van atando cabos, se van cubriendo con cada pieza, El Cabo Gil era una pieza incompleta en el rompecabezas y ahora seguramente que con su detección y los interrogatorios que habrá de procesarse, habrá de darse más luz, información y datos que ayuden a profundizar el tema de la tragedia de Iguala y la investigación de los 43 normalistas desaparecidos".
Al preguntarle sobre que Gildardo López fuera detenido en Taxco a unos kilómetros de Iguala donde sucedió el ataque y desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, respondió que habla de que muchos delincuentes tienen espacios de territorio en el estado de Guerrero y en los municipios donde se refugian otros salen.
Ejemplificó el caso de Mario Aguirre, líder del cartel CIDA de Acapulco, quien fue detenido en Yucatán y otros que los han agarrado en otros estados.
Consideró que el que haya estado tan cerca El Cabo Gil, y se haya prolongado tanto su detección significa que alguien lo protege y que aparecieron en las primeras declaraciones, (refiriéndose a los 9 alcaldes y funcionarios involucrados en apoyar a Guerreros Unidos).
"Esto ayuda para que se trabaje en una línea de investigación y conviene que ahora se profundice la investigación sobre los 9 presidentes municipales, señalados en las declaraciones que hiciera El Cabo Gil aporta para que sean investigados".
El ejecutivo del estado, agregó que será solidario y coadyuvante en la investigación del caso Iguala para que no se cierre y se siga investigando para que de esa forma se dé satisfacción y se llegue a la parte de la justicia para los agraviados de la tragedia.
Agregó que el gobierno del estado, aportará la parte que le corresponda para la que se lleven a cabo las pruebas de ADN a los restos encontrados en fosas clandestinas y en el basurero de Cocula.
"Yo respeto el dolor y hay que estar de lado de ellos y si es necesario que se sigan haciendo otras pruebas para llegar a la verdad, se tendrá que hacer todo lo que este de parte del estado y sus instituciones para ponerlo al servicio de los familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos", concluyó Rogelio Ortega.