Nacional

Piden sanciones penales
a las dependencias que invirtieron en Ficrea

La Cámara de Diputados pedirá a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación que se finquen las responsabilidades penales respectivas a las instituciones públicas que invirtieron en Ficrea.
Víctor Chávez
18 marzo 2015 17:34 Última actualización 18 marzo 2015 17:56
Ficrea

Legisladores piden sancionar penalmente a las instituciones públicas que invirtieron en Ficrea. (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informe sobre cuáles son las autoridades, entidades o dependencias públicas que depositaron o invirtieron recursos en la sociedad financiera popular Ficrea, a cuánto ascienden los montos y se pidió a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación se finquen las responsabilidades penales respectivas.

En particular, se indicó se informe de las operaciones de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal, órganos autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, productivas del Estado y subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos, que reciban y ejerzan recursos públicos y fondos de ahorro para trabajadores.

De igual modo, en un Punto de acuerdo aprobado en el Pleno de los 500 diputados, se solicitó a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías generales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, a la CNBV y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fincar responsabilidades a los entes públicos que hubieran comprometido recursos públicos, así como el patrimonio de trabajadores, particularmente de aquellos adscritos a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y de Coahuila.

Al respecto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mencionó que “las operaciones fraudulentas de Ficrea presumen actos que apuntan a actividades de lavado de dinero y narcotráfico”.

Precisó que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, reconoció una inversión de millones de pesos de la institución en Ficrea, y en esa situación también está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; sin embargo, dijo, “se están escondiendo ahorradores multimillonarios vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero”.

Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputada de Movimiento Ciudadano, argumentó que este acuerdo sólo es una de las tantas respuestas que espera la justificada molestia de la ciudadanía, la cual “se ha visto defraudada con la complicidad y el silencio de las autoridades que, hasta este día, no han externado una sola alternativa de solución cabal para quienes invirtieron todo su patrimonio tras años de trabajo y de esfuerzo”.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, cuestionó quiénes son las entidades gubernamentales y estatales que invirtieron en Ficrea, “porque es una Sofipo tipo 1 y es ilegal e irregular. Hagamos justicia y que las entidades públicas que no tenían derecho a invertir se le finquen responsabilidades si actuaron mal con el dinero de los mexicanos”.

Lo más importante, dijo, es encontrar una solución justa a los ahorradores, “quienes fueron defraudados y perdieron todos sus ahorros. Tenemos que mejorar la ley para evitar fraudes en el futuro, así como prevenir y hacer justicia”.

Humberto Alonso Morelli, diputado de Acción Nacional, consideró que más allá del mecanismo utilizado para el desvío de recursos, lo cierto es que hoy los defraudados cuentan con un limitado seguro sobre sus ahorros que sólo protege a cada usuario por un monto de un poco más de 131 mil pesos. “Un fraude de estas proporciones otorga una señal negativa a los consumidores, lo que desincentiva la demanda de crédito y la utilización de servicios financieros”, comentó.

Puntualizó que el caso Ficrea es el mejor ejemplo de cómo una reforma y una legislación apropiada no van a funcionar si no vienen acompañadas de una operación y supervisión estricta. “Tenemos que hacer algo que realmente modifique el marco regulatorio de las sociedades financieras populares”, dijo.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) manifestó que es necesario exigir un informe de todas aquellas entidades que invirtieron recursos públicos en una sociedad, cuya solvencia ha quedado en entredicho. De ahí que es oportuna la intervención de la ASF, la CNBV, la PGR y la PGJDF, a efecto de que se deslinden responsabilidades.

“Es una solicitud que nada resulta contraría al secreto bancario, toda vez que estamos hablando de recursos públicos”, enfatizó.

Añadió que el PRI está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y en un caso como éste, se debe privilegiar el bienestar de los pequeños ahorradores a quienes desfalcaron el patrimonio de su vida, y no a los funcionarios que omitieron un deber ciudadano al contratar con Ficrea. “Que se pague primero, y de manera privilegiada, a los ahorradores que son víctimas del abuso y de los excesos de los funcionarios”, demandó.

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