CIUDAD DE MÉXICO.- Académicos y legisladores se pronunciaron ayer por despenalizar el consumo de la mariguana en México, toda vez que el número de reclusos por delitos contra la salud se disparó en 1,200 por ciento entre 2006 y 2014. De ellas, 73 por ciento por posesión y consumo.
Durante el foro "Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: costos sociales de la política de drogas", que se llevó a cabo en San Lázaro, el diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, afirmó que urge legislar sobre las drogas y adelantó que presentará una iniciativa al respecto.
Dijo que su iniciativa busca atacar el tema de criminalización y consideró inaceptable que haya miles de personas en las cárceles mexicanas por posesión y uso de mariguana.
Estudios recientes revelaron que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en mil 200 por ciento.
"Es decir, el 60 por ciento de las personas presas en cárceles de nueve entidades federativas, han sido consignadas por delitos relacionados por posesión y consumo de cannabis", de acuerdo con un comunicado de Morena.
En el foro, Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coordinadora del proyecto Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), explicó que a nivel nacional y mundial existen importantes esfuerzos para regular a la cannabis.
Sostuvo que se pretende sacar a los consumidores el ámbito penal, pero en México continúan respondiendo ante el tema del consumo con el uso de las cárceles.
Los nuevos estudios del CEDD han mostrado que a pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por delitos de drogas no violentos y de bajo nivel ha aumentado no sólo en México, sino a nivel regional.
Expuso que en México, entre 2006 y 2014, fueron detenidas 453 mil personas por delitos contra la salud; de ellas, 73% fue por posición y consumo. Informó que cada recluso cuesta 6 mil 414 pesos al mes.
Con ellos coincidió el investigador del CEDD, Alejandro Corda, quien señaló que en Latinoamérica uno de cada 5 presos fue detenido por delitos contra la salud, "y gran parte de los países ha aumentado la población penitenciaria, pero ello no significa que se haya logrado controlar el tráfico de drogas ni el surgimiento de bandas criminales dedicadas a esa actividad".
Finalmente, Llerenas subrayó que además se presentan problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la política de drogas, y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de los estupefacientes.