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Pide ONU a México atender tortura; ya hay investigaciones, dice el gobierno

Consejo de expertos contra la impunidad, es una de las recomendaciones.
Anabel Clemente | Mariana León
21 octubre 2016 0:27 Última actualización 21 octubre 2016 5:0
EPN. ONU. (Reuters/Cuartoscuro)

Esta campaña en contra que formó parte de la organización suiza ACAT, que lucha en contra de la tortura y la pena de muerte, corrió bajo la dirección de la agencia de publicidad Advico Y&R, también de ese país. (Tomada de ACAT)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó a México la investigación de “graves violaciones” y los casos de tortura. El gobierno federal respondió que las pesquisas ya están en curso.

Zeid Ra’ad estuvo en México el 15 de octubre de 2015 y, derivado de la visita, realizó 14 recomendaciones en materia de derechos humanos, dadas a conocer en marzo de 2016, entre las que se destaca la creación de un “Consejo Asesor de renombrados expertos para combatir la impunidad y asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad”.

El gobierno mexicano respondió a las puntualizaciones hechas por el organismo internacional, en la mayoría de los casos, de manera positiva.

Sobre este nuevo Consejo Asesor, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) dijeron que “esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos, que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia. En adición, se destaca que el país cuenta con instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos humanos, y se abocan al combate a la impunidad, en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”.

El Alto Comisionado pidió también reformar el Código de Justicia Militar y “otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares”.

Sin embargo, el gobierno federal aseguró que no es factible considerar mayores modificaciones, pero que “a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades civiles cuentan con un marco jurídico suficiente y reforzado para conocer sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar”.

El Estado mexicano se comprometió también a analizar la recomendación hecha para adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos.