CIUDAD DE MÉXICO.- Candidatos a gobernador que resultaron ganadores en el pasado proceso electoral del 7 de junio tienen abiertas averiguaciones previas en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata de candidatos de las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) quienes enfrentan cargos no sólo por delitos electorales, pues en algunos casos se relacionan con la mala administración de los recursos del Estado o lavado de dinero.
Destaca el caso de los gobernadores electos panistas Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes fueron denunciados en la PGR por presunto lavado de dinero. Esto luego de que se dio a conocer una grabación en la que ambos hablan de la recepción de recursos económicos para sus respectivas campañas por parte de un sujeto al que identificaron como el Cros.
La grabación alude a la recepción de "seis kilos" mensuales durante cinco meses de la campaña, frase que la dirigencia del PRI interpretó como que se trataba de seis millones de pesos o dólares de dudosa procedencia.
Al queretano Domínguez Servién también lo investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acoso sexual y amenazas contra la joven edecán Norma Jackeline González Encinas, con quien sostuvo una relación.
En tanto, Carlos Mendoza Davis ha sido señalado en varios medios de comunicación por la detención de uno de sus parientes políticos a quien se le vinculó con el Cártel Arellano Félix.
Se trata de Avelino Montoya Saracho, capturado el 11 de septiembre de 2014 con un cargamento de 6.6 toneladas de marihuana que presuntamente introdujo desde México a en San Diego, California, Estados Unidos. El 27 de octubre y tras hacerse público el caso, el ahora gobernador electo reconoció que su esposa Gabriela Velázquez Dipp es cuñada de Avelino Montoya Saracho, pues este sujeto está casado con su hermana Valeria.
Sin embargo, negó tener cualquier tipo de relación comercial o criminal con Avelino Montoya Saracho, quien enfrenta cargos en una Corte de San Diego, en Estados Unidos, con base en los expedientes penal 14-MJ-3175-NLS y migratorio 14-CR-2915-BEN.
Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna investigación de la DEA o de las autoridades mexicanas en contra del panista Carlos
Mendoza Davis.