Nacional

PGJDF se autoinvestiga por filtrar expedientes

El artículo 259 del Código Penal el Distrito Federal prevé penas de 2 a 7 años de prisión y de 25 a 250 días multa, a quien sustraiga ilegalmente información o documentos.
David Saúl Vela
21 agosto 2015 0:31 Última actualización 21 agosto 2015 5:0
Peritajes de la fachada en donde se cometió el crímen. (Cuartoscuro)

Peritajes de la fachada en donde se cometió el crímen. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La procuraduría capitalina ya tomó declaración a decenas de empleados de la institución, entre fiscales, agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía de Investigación, dentro de la investigación interna que inició para sancionar la filtración de información relacionada con el caso Narvarte.

Autoridades de la dependencia capitalina explicaron que la investigación incluye el inicio de la averiguación previa FSP/B/T2/2258/15-08, radicada en la Fiscalía para Servidores Públicos, así como un expediente en la Visitaduria Ministerial y otro en la Contraloría Interna de la dependencia.

Y es que advirtieron que la “filtración” de información reservada está prohibida y es sancionada por diversas leyes tanto administrativas, como penales vigentes para el Distrito Federal.

Entre ellas está el Código Penal del Distrito Federal, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que también aplica para el Distrito Federal. 

Así, por ejemplo, el artículo 259 del Código Penal el Distrito Federal prevé una pena de dos a siete años de prisión y de 25 a 250 días multa, a quien sustraiga ilegalmente información o documentos auténticos bajo su resguardo.

En lo administrativo, la Contraloría Interna de la dependencia, en representación de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, es la encargada de aplicar las sanciones derivados del ejercicio indebido del servicio público.

Dichas penalidades podría incluir la destitución del funcionario público que sea encontrado responsable e incluso la inhabilitación para ocupar algún cargo en la administración pública.

Entre la información difundida están las fotografías de la escena del crimen, donde aparecen los cuerpos de las víctimas, en particular el de una mujer colombiana contra quien se ejerció particular saña. También se filtraron los nombres de las víctimas: el fotoperiodista Rubén Espinosa; la activista Nadia Vera; la colombiana Mile Virginia Martín; la estilista Yesenia Quiroz Alfaro y la empleada doméstica Alejandra Negrete.

Además, se filtró parte del expediente de las primeras actuaciones ministeriales, así como la declaración de los testigos, y del hasta ahora único detenido por este caso, Daniel Pacheco Gutiérrez.

“Es claro que la responsabilidad es de quien entregó a los periodistas la información, y por eso ya han declarado decenas de personas, se irá al fondo hasta donde tope”, dijeron las fuentes.