El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Ley de Seguridad Interior, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), árbitro legitimado constitucionalmente, quien resuelva definitivamente la procedencia de la ley.
El decreto que expide la ley fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, pero como lo anunció el jefe del Ejecutivo, no se emitió declaratoria de protección hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.
"Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible a la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una solución definitiva", había dicho el presidente horas antes.
En el marco de la XLIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad y ante las voces de organizaciones civiles y organismos internacionales que consideran que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, el jefe del Ejecutivo apuntó que "corresponde a nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos".
Aclaró que, no obstante, "de acuerdo con nuestro marco jurídico, la SCJN sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada, por ello, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley".
Peña Nieto resaltó que el hecho de que la SCJN resuelva, "no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.
Dijo que la Ley de Seguridad Interior "nos permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad".
Ante gobernadores, alcaldes, integrantes del gabinete, el presidente de la CNDH y representantes de la sociedad civil el Presidente resaltó que garantizar la seguridad de las familias mexicanas es una labor que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y entre los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad. Por ello, dijo que desde el primer día de su administración se ha atendido el desafío de la inseguridad como un asunto de Estado y no sólo de gobierno.
Resaltó que a pesar del esfuerzo realizado muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables, eficaces y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policiaca.
Apuntó que esa debilidad institucional fue aprovechada por las organizaciones criminales y tomar control de esos territorios por lo que la presencia de las fuerzas armadas en las calles fue una necesidad.
No obstante comentó que uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención en la lucha contra las organizaciones delictivas.
En ese contexto, resaltó que "el espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas".
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