Nacional

Nuevo sistema penal costará 4 mil 422 millones de pesos

El Poder Judicial solicitó para 2017 un aumento de 11 mil 861 millones de pesos.
Víctor Chávez | Dainzú Patiño
14 septiembre 2016 0:15 Última actualización 14 septiembre 2016 5:0
SCJN

(Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Dotado con el mayor presupuesto para 2017, con un aumento del 18.6% respecto a 2016, el Poder Judicial destinará la mayor bolsa para la operación del Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con un costo de 4 mil 422 millones de pesos.

Este monto va acompañado de un notable aumento en la partida Proyectos para el Fortalecimiento de la Infraestructura, que pasa de mil 424 millones de pesos que ejerce en este 2016, a 5 mil 210 millones de pesos para el año que viene.

Los 11 mil 861 millones de pesos adicionales que solicitó el Poder Judicial se enfocarán a rubros y programas centrales, entre los que destacan el de Infraestructura para los Centros de Justicia Penal Federal (gasto de inversión), que pasa de mil 329 millones en 2016, a 3 mil 885 millones en 2017.

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El de Servicios Personales, que de 43 mil 939 millones de pesos pasaría a 47 mil 755 millones en 2017. Presupuesto de Operación, que va de 3 mil 424 millones a 3 mil 898 millones.

El rubro de Compromisos Plurianuales se eleva de mil 217 millones a 2 mil 206. Lo que denominan Mantenimientos Ineludibles pasarán de 391 millones a mil 42 millones, entre otros.

“Los incrementos pueden justificarse a que hay un nuevo sistema judicial y a que realizar juicios orales implica destinar recursos para la infraestructura requerida”, afirmó Sunny Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El propio Proyecto de Presupuesto plantea que el Consejo de la Judicatura necesita recursos adicionales por 5 mil 970 millones de pesos para el desarrollo y conclusión de tres programas fundamentales: el de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, el de Justicia para Adolescentes y el de Creación de Órganos Jurisdiccionales.

Precisa que los recursos se utilizarán para la implementación de la Reforma Penal, que se fundamenta en el Decreto Constitucional del 18 de junio de 2008, que establece la obligación de los Poderes de la Unión de implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, así como para destinar los “recursos necesarios” con ese propósito.

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