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SFP abre otros 8 procesos contra funcionarios por Odebrecht

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, dijo que se trabaja con la ASF para las auditorias que efectuará cada dependencia, realizando visitas y observaciones al Grupo Aeroportuario. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, anunció que la dependencia inició ocho procedimientos administrativos por los contratos entre dependencias del gobierno federal y las 21 filiales de Odebrecht.

La funcionaria informó que se investiga a 23 servidores públicos por este caso –sin revelar nombres– y precisó que, en lo que va del gobierno, se presentaron ya 24 denuncias contra secretarios, 33 contra subsecretarios y mil 745 contra directores de la Administración Pública Federal.

Adelantó que de las investigaciones que se realizan "se han detectado nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos procedimientos".

Sin embargo, la funcionaria se quejó de que cuando tres de estos ocho procedimientos ya estaban en lista para emitir resoluciones, "el Poder Judicial concedió una suspensión definitiva para que dichas resoluciones no sean emitidas".

Durante su comparecencia ante diputados federales con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria reportó que en las indagatorias se encontraron "cobros en exceso e inconsistencias" en contratos con tres refinerías: Tula I, Tula II y Salamanca.

Dijo que en los expedientes se revisa la relación y contratos de funcionarios de diversas dependencias mexicanas con las 21 filiales de la empresa brasileña, pero aclaró que las denuncias se centran, principalmente, en la firma Construcciones Norberto Odebrecht.

Reconoció que éste "es un caso que ha indignado y cuestionado el trabajo del gobierno", y aseguró que en el tema "Odebrecht se ha trabajado con el mayor rigor posible dentro de la SFP".

Sobre el caso de la construcción del Paso Express, en Cuernavaca, informó que la dependencia realizó una auditoría, que derivó en 22 observaciones por un monto, por aclarar, de mil 34 millones de pesos.

Indicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene hasta el 17 de noviembre para aclarar las 22 irregularidades.

Además, sobre las contrataciones y subcontrataciones entre entidades del gobierno con algunas universidades, informó que se sancionó ya a tres servidores públicos, nueve se encuentran sujetos a procedimiento administrativo y 44 más están siendo investigados.

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