CIUDAD DE MÉXICO.- Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales y municipales ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hicieron su trabajo para atender adecuadamente a las víctimas de las tragedias de San Fernando, en Tamaulipas y Allende Coahuila.
Lo anterior se desprende del Informe "En el Desamparo", dado a conocer por el Colegio de México sobre la investigación independiente que realizó sobre el trato y reparaciones proporcionados por el Estado mexicano —Federación, organismos autónomos, estados y municipios— a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas ocurrida en agosto de 2010, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila en marzo de 2011,
Dicha investigación, realizada a partir de un convenio con la CEAV y coordinada por el investigador Sergio Aguayo, señala que en la atención a las víctimas tanto autoridades federales como los gobiernos municipales y estatales fueron cómplices de graves violaciones a los derechos humanos y cayeron en omisiones e ineficiencias.
"El gobierno de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, insuficiente, pero además la CNDH, no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones".
Resaltó que "es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación… De hecho la mayor falla de la CNDH en San Fernando es la falta de empatía hacia las víctimas y hasta diciembre de 2013 la CNDH no entró en contacto con las familias de las 72 personas que perdieron la vida; hizo varias recomendaciones a la PGR y al gobierno tamaulipeco pero fueron solo regaños públicos".
En el caso de la CEAV señaló que se ha distinguido más por lo que ha dejado de hacer que por sus logros. "En suma, dice el informe, y en la percepción compartida por organismos y analistas mexicanos y extranjeros, la CNDH y la CEAV no atendieron adecuadamente a las víctimas de San Fernando y de Allende.
Señala que las dos tragedias fueron el resultado de múltiples factores como el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas iniciada en enero de 2010 y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.