Nacional

México extradita a mil 90 capos; sus fortunas se quedan en EU

Diputados plantean una propuesta que deje las ganancias de los narcotraficantes como; Alfredo Beltrán Leyva, Vicente Zambada, La Reina del Pacífico; en el país.
Víctor Chávez 
06 febrero 2017 22:43 Última actualización 07 febrero 2017 5:0
Diputados. (Cuartoscuro)

Diputados. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados trabaja en una propuesta de reforma “caza-fortunas” de los narcotraficantes, incluida en el paquete de Seguridad, que aprobarán en este periodo de sesiones.

La iniciativa –que reformará la Ley de Extradición Internacional– se deriva de un estudio elaborado por la Comisión de Seguridad Pública, que señala que “del primero de enero de 1994 al 30 de abril de 2016 se efectuaron mil 90 extradiciones de delincuentes a Estados Unidos –sin contar aún la de Joaquín El Chapo Guzmán– y de sus riquezas en aquel país no se ha recuperado un centavo y aún no se sabe nada”.

Estima que “la fortuna personal del recién extraditado Joaquín Guzmán Loera oscila entre los 21 mil millones de dólares. El poder económico de este narcotraficante fue de tal magnitud que, en repetidas ocasiones, apareció en la lista de la revista Forbes, dentro de las personas más ricas del planeta”.

Se añade que, “por lagunas o vacíos en la ley”, “otros narcotraficantes que han sido extraditados y que también poseían fortunas cuantiosas –entre las que se les detectaron bienes en distintas partes de México y Estados Unidos– son Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, Vicente Zambada Niebla, Sandra Ávila La Reina del Pacífico, Osiel Cárdenas Guillen, Édgar Valdez Villarreal La Barbie, Jorge Eduardo Costilla Sánchez El Coss y Benjamín Arellano Félix, entre otros criminales.

“Estas personas realizaban operaciones que generaron recursos ilícitos, tanto en Estados Unidos como en México; sin embargo, a México nunca le fueron entregados parte de las ganancias confiscadas en Estados Unidos a estos delincuentes, o por lo menos no existe reporte alguno de retribución por parte del gobierno de Estados Unidos”, se anota en la iniciativa.

Destaca que “sólo por poner un ejemplo, el caso de Benjamín Arellano Félix, quien fue extraditado a Estados Unidos, poseía una fortuna de alrededor de 650 millones de dólares y a quien, en 2012, una Corte de aquel país le obligó a pagar una multa por 100 millones de dólares, por lo que el delincuente se vio obligado a trasladar al gobierno de esa nación dinero, propiedad y valores en México con que saldar la sanción”.

“Como vemos, la extradición de Benjamín Arellano representó una recuperación para EU de una cantidad importante de dinero, sin que México pudiera ver ni un centavo de esas entregas de bienes y valores”, expone.

Sostiene el estudio que “está calculado por expertos y especialistas que el negocio del narcotráfico representa tan sólo en México la cantidad de 40 mil millones de dólares –al año–, cantidad estratosférica en relación con los recursos asignados por ambos países a la lucha contra las mafias que controlan esta actividad”.

Se insiste que “existe un vacío legal que no contempla que el Estado mexicano pueda hacer exigible la repartición de las fortunas de los capos o cualquier otro delincuente extraditado. En este contexto y tomando en consideración la cantidad estratosférica de recursos, tanto humanos como materiales que nuestro país está gastando para detener el flujo de drogas al principal consumidor de estupefaciente, que es nuestro vecino del norte, es menester asegurar que parte de los bienes o recursos económicos incautados a estas mafias también sean entregados al gobierno federal mexicano”.

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